Desde una celda de máxima seguridad, Carlos Edwin Angulo Lara ordenó el asesinato de Fernando Villavicencio.

La fiscal Ana Hidalgo fue quien asignó a este procesado un rol protagónico en el crimen del exasambleísta y excandidato a la Presidencia de la República, ocurrido el 9 de agosto de 2023.

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La investigadora acudió este 27 de febrero a la Unidad Judicial de Iñaquito, en el norte de Quito, para presentar su dictamen fiscal en la audiencia preparatoria de juicio en contra de seis personas.

Además de Angulo los procesados son Laura Castillo Velin, Alexandra Elizabeth Chimbo Farinango, Óscar Andrés Flores, Víctor Alfonso Flores y Erick Marcelo Ramírez Párraga.

Los reportes de las celdas telefónicas, el análisis del IP, las pericias de identificación humana y la extracción del contenido de los celulares fueron las piezas claves para reconstruir los hechos y para identificar los que habría participado en el delito.

Hidalgo resaltó que el día de los hechos, Carlos Edwin Angulo Lara se encontraba en una celda innumerada, en la zona de máxima seguridad de la cárcel de Cotopaxi. Desde allí se comunicó con los integrantes de una banda denominada Los Invisibles, una facción de la organización narcoterrorista Los Lobos, que opera en Quito.

Angulo estaba en la cárcel de Cotopaxi cumpliendo una sentencia por robo con violencia. También tenía antecedentes por receptación, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.

En la mañana del 9 de agosto de 2023, el reo envió a sus colaboradores un video desde su celda, que sirvió para identificarlo. La fiscal del caso afirmó que entre los sicarios colombianos, contratados para matar al político, hubo una intensa comunicación con Carlos Angulo.

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Estos a su vez conversaron con otros integrantes del grupo, por ejemplo con Laura Dayanara Castillo, alias la flaca. Fue señalada como la persona que proveyó la logística para el crimen: entregó las motocicletas, el dinero y las armas de fuego.

La investigadora resaltó que dentro de los teléfonos celulares incautados se descubrieron fotos de las armas de fuego, imágenes bajadas de Internet de Villavicencio y camisetas con el logo de Construye.

La declaración juramentada del testigo protegido fue otra pieza importante en el caso. Esta persona dio detalles de la reunión de planificación del crimen. Se realizó en una casa de Quito, un día antes del atentado.

Dos de estas motocicletas quedaron abandonadas en las inmediaciones del coliseo del Colegio T.W. Anderson, en cuyas puertas de ingreso Villavicencio fue asesinado. De un vehículo, relató la fiscal, se recuperó una huella dactilar que tras el análisis resultó ser de Andrés Manuel Mosquera Ortiz.

Él fue asesinado en octubre pasado en una cárcel de Guayaquil. Pese a su muerte, recién este 27 de febrero se resolvió su situación legal. La jueza Irene Pérez Villacís declaró extinta la acción penal para Mosquera Ortiz, Gregore Rodríguez Góngora, Andrés Manuel Mosquera Ortiz, Andrés Camilo Romero Reyes, Adey Fernando García, José Neyder López Hitaz, Jules Osmin Castaño Alzate y el ecuatoriano José Leonardo Montaño.

La audiencia seguía hasta la publicación de esta nota web. Aún se espera conocer la decisión de la fiscal, si pide que se llame a juicio a los sospechosos y en qué calidad: cómplices o autores.

Los defensores deben anunciar los elementos que demostrarían la inocencia de sus clientes. Por la mañana ellos hablaron de nulidades, pero la jueza declaró válido todo el proceso.

Conversaciones fueron oídas

La Fiscalía presentó como elementos los reportes sobre las torres telefónicas más cercanas de donde salieron las llamadas del 9 de agosto de 2023 y de los días posteriores al crimen. La pericia sirvió para ubicar en tiempo y espacio las conversaciones entre los sospechosos. Las llamadas de la procesada Alexandra Elizabeth Chimbo Farinango fueron interceptadas. Ella habría conversado sobre el crimen de Villavicencio con otra persona. A esta recomendó que no salga a la calle, pues había riesgo de allanamientos. Con estas evidencias, la fiscal también dijo que ella fue la encargada de dar luz verde para el atentado, pues estuvo en el mitin político, en el colegio Anderson. La mujer, como descargo, declaró que el celular que la vincula al caso no era de ella sino que fue comprado en 10 dólares a su exconviviente.  

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