
Fiscal pedira una nueva indagacion en Publifast
Lejos de terminar con el juicio, el caso de estafa masiva ‘Publifast’ seguiría latente -aunque con menos fuerza- en los corredores de la Fiscalía y juzgados de Guayaquil.
Lejos de terminar con el juicio, el caso de estafa masiva ‘Publifast’ seguiría latente -aunque con menos fuerza- en los corredores de la Fiscalía y juzgados de Guayaquil.
La fiscal de Personas y Garantías, Blanca Noblecilla, analiza pedir una nueva investigación en contra de un sospechoso que no fue vinculado al proceso, a pesar de existir elementos dentro del expediente que se abrió para esclarecer el caso.
La nueva indagación nacería tras la sentencia que se emitió -la noche del lunes- en contra de cuatro personas, todas integrantes de una misma familia, quienes fueron condenadas a cinco años de prisión. “La Fiscalía probó que los cuatro implicados tienen participación directa de la estafa masiva a centenares de personas...” a través de Publifast, una empresa de publicidad por Internet, explicó Noblecilla, quien expuso el caso ante los jueces del séptimo tribunal de Garantías Penales del Guayas que llevó el juicio.
La audiencia de juzgamiento se celebró con la presencia de los acusados Luis Cajas Cedeño, María Oyola Luna, Aracely Cedeño Macías y Joel Méndez Alvarado. Los cuatro enfrentaron el juicio en libertad, por cuanto estaban con medidas alternativas a la prisión.
Tras las deliberaciones, los jueces resolvieron declararlos culpables, en el grado de autores por el delito de estafa.
“La Fiscalía solicitó cinco años de prisión, la reparación a las víctimas, (lo que fue acogido por el tribunal) indicando que existen 85.000 dólares en la cuenta de la señora María José Oyola que quedaron retenidos...”, detalló la fiscal.
Dentro del caso, también fue llamado a juicio el expresentador de televisión Roberto Angelelli, pero su juzgamiento fue suspendido. Sobre él pesa una orden de prisión preventiva, que fue activada en marzo de 2015 al incumplir la medida de presentarse cada lunes ante la autoridad. “Ese expediente queda en suspenso hasta que lo capturen o la Fiscalía proceda a hacer la extradición de esa persona”, explicó la funcionaria.
Se desconoce con certeza cuántos perjudicados tendrán derecho a la reparación. Cuando salió a la luz el caso, las investigaciones determinaron alrededor de 4.000 afectados a escala nacional, pero no más de 2.000 denunciaron el hecho. Sin embargo, se conoció que durante el juicio solo estuvieron presentes dos: una acusadora particular que representaba a un grupo y otra persona que había sido estafada con cinco miembros de su familia. Pero también estuvo el abogado Hernán Ulloa, quien representa a unos 800 denunciantes.