Un grupo de 20 privados de libertad participó de la firma de un acuerdo de paz en la cárcel de Santo Domingo, lugar donde se han dado las dos últimas masacres del año en curso y se acumulan 56 víctimas en las dos muertes masivas.

El primer acuerdo de paz se dio en la cárcel de Loja, el pasado 15 de julio. En ese sitio, una semana antes, hubo una riña que dejó un fallecido y tres heridos. En ese acuerdo no se dio un pacto entre organizaciones contrarias, pues en toda la prisión solo hay integrantes de la banda Los Lobos.

Algo similar ocurrió  este jueves en Santo Domingo de los Tsáchilas, porque días después de que asesinaron a 12 personas, quienes fueron desmembradas y aún están en el proceso de identificación de cuerpos, se cumple con esta iniciativa.

Según el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI), los 20 representantes son delegados de los pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad. En la cita, fueron presentadas las armas que entregaron previamente, entre ellas: dos de fuego, 49 cuchillos y otras 53 cortopunzantes de fabricación artesanal.

En ambos procesos participó el SNAI, pero por segunda ocasión Diario EXPRESO consultó a la entidad si la cartera de Estado lidera el acompañamiento para llegar a la paz. Sin embargo, no respondió al pedido.

La primera vez fue el 20 de julio, tras la masacre ocurrida. Esto porque el ‘camino hacia la paz’ era tejido por la comisión creada mediante el Decreto Ejecutivo 294 en diciembre de 2021 y tras su disolución en junio de 2022 no se habló más del tema de pacificación en las cárceles.

Desde Presidencia se dijo hace una semana que el asunto es responsabilidad del Ministerio de Gobierno, entidad que señaló que le compete al SNAI. Y a su vez el SNAI expuso que es un tema de decisión exclusiva del jefe de Estado y que iban a realizar las consultas pertinentes a la Presidencia de la República.

Lo cierto es que se celebró el segundo acuerdo de paz sin garantías de terminar las masacres. Hasta el cierre de la edición no se confirmó qué organizaciones delictivas que operan al interior de los reclusorios firmaron el documento anunciado.

Luego de la sanguinaria muerte de mayo, en ese mismo penal, los reos protestaron por el traslado de integrantes de los R7, a quienes se los señaló como responsables de los hechos ocurridos en lo que va de 2022.