Falto conocimiento o voluntad

Nos hemos acostumbrado a no aplicar el control de los derechos en los actos públicos. Cuando hemos tenido que cambiar funcionarios en alguna cartera u órgano de control, con tal de que luzcan simpáticos y unidos por afectos y/o desafectos políticos de turno, son aprobados socialmente

No puede haber dignatario alguno que actuando desde sus competencias pueda evadir su responsabilidad. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral serán sujetos de enjuiciamiento político por el incumplimiento de sus funciones y responsabilidades establecidas en la Constitución y la ley. Los órganos electorales están sujetos al control social; se garantiza a las organizaciones públicas y candidaturas la facultad de control y veeduría de la labor de los organismos electorales. Así lo establece la Constitución de la República, máximo ordenamiento jurídico del país.

Sin embargo, ¿dónde ha quedado la rigurosidad de la transparencia y prolijo trabajo de investigación básica del cura José Carlos Tuárez, quien hoy preside el tan mal visto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?

¿Qué recursos no tiene el Consejo Electoral que tienen los medios de comunicación que con un simple estudio han podido evidenciar el nivel de mentiras en que ha incurrido el ciudadano Tuárez? ¿Qué tipo sensación, humanamente hablando, provoca a sus excompañeros de trabajo que han diagnosticado que Tuárez: ha vendido su alma al diablo? Y finalmente, ¿por qué motivo nos obligan a soportar este nivel de funcionarios?

Parte de esta comedia vulgar es la consecuencia de nuestra inercia, pues como ciudadanos debemos darnos el tiempo de reclamar a las autoridades que controlan a la Administración Pública las omisiones de las funciones de nuestros servidores y que los censuren o castiguen.

Sospecho que la dirección de Diana Atamaint, presidenta del organismo electoral, no fue lo suficientemente eficaz para liderar esta labor. Y para ser absolutamente sincera, lo sospeché desde un principio.