Fallas de mecanismos de control
El país vive actualmente una crisis política institucional. Así se la quiera negar está ahí. Lo que dicen los hechos que están saliendo a la luz pública es grave y preocupante. Son eventos que estaban en la sombra y hasta fueron ocultados por el anterior gobierno. El actual ha decidido no continuar por esa línea sino permitir que todos aquellos aspectos reñidos con la ética, especialmente con la corrupción, sean conocidos y castigados.
Han bastado solo tres meses de un nuevo presidente para que el país conozca múltiples situaciones que dicen claramente cuánto han fallado los mecanismos de control, pues la democracia es transparencia, rendición de cuentas y la política supone un ejercicio cabal de la ética. Sin esto no es posible hablar de un régimen democrático.
El caso Odebrecht, la repotenciación de la refinería, contratos de ventas petroleras, sobreprecios en algunas obras, etc., parecen ser una cadena de un proceso que hay que conocer a fondo. La magnitud de los casos y delitos contra los fondos públicos evidencia falencias en la vigilancia pública. Incluso señala todo un régimen jurídico que amañó y ocultó posibilidades de descubrir esos hechos, y hasta se creó todo un sistema de ocultamiento, impunidad jurídica y normativa para proteger y garantizar esa situación.
Por eso el actual mandatario dice que “los corruptos tienen que ser sancionados y que se localicen y devuelvan los recursos que fueron obtenidos indebidamente”. Y que “estamos contratando auditorías y empresas de investigación especializadas para evaluar las obras en el sector petrolero, investigar el comercio internacional de petróleo, descubrir la probable ruta del dinero y recuperar esos recursos que tanta falta hacen al país”. ¿Qué significa que se tenga que contratar una auditoría internacional para encontrar las fallas e irregularidades en las contrataciones públicas? Sencillamente que los mecanismos de control, Contraloría y Procuraduría, han fallado. De ahí que sea necesario ir hasta el final. Razón tiene el mandatario cuando sentencia que “si alguien quisiera obstruir la verdad, no dudaré en acudir a la voluntad del pueblo para que dirima y señale los caminos”. Esto constituye una necesidad para que se transparente todo y el país conozca qué ha pasado realmente con los contratos públicos del anterior gobierno.
