En el ‘banquillo’ de los acusados, así les tocó estar a exservidores de la Función Judicial de Manabí y abogados en libre ejercicio, quienes encaran un juicio por un presunto delito de asociación ilícita.

La Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, reinstaló la mañana de ayer la audiencia de juzgamiento en contra de una exjueza y exfiscal que llevaron un proceso de tráfico de drogas que implicó a exfuncionarios de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) con una narcoavioneta, en diciembre de 2017.

Las exservidoras judiciales fueron acusadas por la Fiscalía de haberse asociado con abogados en libre ejercicio, para cambiar el delito por el que era investigado un grupo de personas, con la finalidad de obtener beneficios y rebajas de la pena.

La diligencia, que estuvo a cargo de los jueces Henry Morán, Adolfo Gaibor (ponente) y José Poveda, se retomó con la prueba testimonial del perito de Criminalística que hizo la explotación de los 26 teléfonos celulares que fueron incautados en los allanamientos, que se ejecutaron para detener a los implicados, dos de los cuales permanecen en prisión.

La fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, quien lleva el caso, ha solicitado un total de 29 testigos, entre los cuales constan servidores judiciales de Manabí, donde se tramitó el proceso de tráfico de drogas contra trece personas vinculadas con una avioneta de bandera mexicana, que aterrizó el 2 de diciembre de 2017 con más de media tonelada de cocaína y cerca de 200.000 dólares, en el interior del aeropuerto Los Perales del cantón San Vicente, provincia de Manabí.

Entre los testigos que acudieron como prueba de la Fiscalía estuvo la jueza que llevó el caso de tráfico y una secretaria.

Durante la audiencia, los defensores de la exjueza y de algunos procesados cuestionaron el informe del perito de Criminalística al considerar que había sido “contaminado”.

El abogado Juan Vizueta, quien defiende a su colega Johanna Del Pezo, cuestionó además lo que considera una “criminalización” del ejercicio profesional. “La única actividad de ella fue haber sido contratada como profesional del Derecho para asistir a una persona que ha acudido a rendir una versión... Lo que cuestionamos dentro de esta audiencia es que se estaría criminalizando el ejercicio de la profesión de los abogados...”, dijo Vizueta.

El profesional objetó, además, que se hayan intervenido las conversaciones entre abogados y clientes y recordó lo ocurrido en España con el juez Baltasar Garzón, quien “fue suspendido por haber permitido las escuchas telefónicas entre personas que estaban siendo procesadas y sus abogados...”.

La diligencia se suspendió pasadas las 13:00, por cuanto los jueces tenían que acudir a otra audiencia.

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Acusación

En agosto, el presidente subrogante de la Corte del Guayas, Francisco Morales, llamó a juicio -en calidad de autores del delito de asociación ilícita- a la exjueza Ana Posligua Ronquillo, la exfiscal Angélica Beltrán Vallejo. También a los abogados Johana Del Pezo Zambrano, Xavier Novillo Arana, Walter Zambrano Mero, quien se desempeñaba como secretario de la Fiscalía de San Vicente. Además, a Robinson Arroyo Yépez y Víctor Hugo Endara Inestroza.