Con una intervención de casi tres horas, la ministra de Salud, Ximena Garzón, expuso ante la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea las causas del desabastecimiento de medicinas y por qué hasta ahora esto no se ha solucionado.

Apoyada en gráficos y cifras, Garzón denunció un “desabastecimiento sistemático” de fármacos entre 2018 y 2021, que bajó la provisión de fármacos del 98 % al 52 %; la reducción consecutiva del presupuesto de Salud en esos años y, a pesar de ello, una alta subejecución presupuestaria; y la falta absoluta de compras en un año en algunas unidades.

De igual modo, que el 90 % del cuadro básico de fármacos no está en el ‘catálogo’, esto es, la lista oficial y estandarizada de productos que exige la normativa de compras públicas para viabilizar su adquisición.

También citó  la designación de cargos directivos de hospitales por cuotas políticas o de personas que no conocen el manejo del sistema de compras públicas, lo cual ocusiona que los procesos 'se caigan'; además de la normativa legal, que supone una serie de demoras.

Defendió que el actual Gobierno “estabilizó” el abastecimiento, impidiendo que siguiera bajando; designando a profesionales de manera técnica y no política; y que la emergencia sanitaria de agosto les permitió adquirir 42 de 123 fármacos. El resto no se pudo comprar, como antes ha dicho, por la falta de oferta local y las trabas en la normativa.

Insistió en que, para solucionar el problema, hay un proceso de compra masiva que en los próximos 15, antes de que termine el año, tendrá la primera entrega de los 200 tipos de fármacos que prevén adquirir junto al Seguro Social. 

Para ello han debido agilizar la ‘fase preparatoria’, que implica la elaboración del informe de necesidad, el estudio de mercado, la certificación del catálogo, el informe de pertinencia de la Procuradoría, entro otros pasos y requisitos, lo cual les ha tomado 10 días.

Adicionalmente, dijo haber hecho gestiones con organismos de las Naciones Unidas, que  permitirán adquirir fármacos para enfermedades especiales. Hasta tanto, indicó que los hospitales han estado realizando compras mediante diversos mecanismos legales, como las subastas inversas, los convenios de pago o las de ínfima cuantía.

No obstante, su exposición no dejo satisfechos a los asambleístas. El presidente de la Comisión, Marcos Molina, puso en duda la capacidad del Inspi, el instituto que hizo la detección de la variante ómicron, para realizar esa labor. También la eficacia de las vacunas, debido al índice de contagios en alza. Y afirmó que sigue la corrupción en los hospitales. “Se están comprando puestos”, aseguró.

La legisladora Luisa González, de UNES, señaló que Garzón había expuesto el mismo diagnóstico que ya les había presentado en junio pasado y que, pese al tiempo transcurrido, aún no han solucionado este problema. Y manifestó sus dudas sobre el mecanismo de una empresa pública para comprar las medicinas, que, según ella indicó, será a través de una universidad. “Lo que se va a hacer es un bypass a la ley”, advirtió.

Los legisladores Joel Abad y Rafael Lucero, de Pachakutik, reiteraron su pedido de entregar los nombramientos al personal médico que estuvo en primera línea durante la fase crítica de la pandemia. El segundo afirmó que, a diferencia de lo que afirmó Garzón, en su provincia, los directores zonales y de hospitales aún son los mismos del gobierno anterior.

Ellos y otros legisladores hicieron más preguntas y pedidos de información a la ministra, por lo que Garzón debió extender su comparecencia una hora más.