Expertos: narcoterrorismo exige replantear la seguridad

Dos exministros, un analista de seguridad pública y un experto en operaciones policiales urgen la revisión de los protocolos y planes de seguridad de las entidades públicas y la inmediata implementación de los tres ejes fundamentales de protección del Estado para frenar las amenazas del narcoterrorismo, evidenciada con el ataque al destacamento policial de San Lorenzo, en Esmeraldas.

Ninguno de los protocolos policiales incluye, hasta ahora, la prohibición de estacionar vehículos particulares en los alrededores de sus instalaciones, aunque estos podrían ser objetivos terroristas, como lo evidenció ayer Diario EXPRESO.

El atentado terrorista de San Lorenzo, de hace 8 días, se cometió con un coche bomba que fue dejado estacionado dentro, en la parte posterior de la entidad.

En Guayaquil, todas las dependencias de la Policía Nacional continúan permitiendo el parqueo de vehículos en las calles adyacentes y no se advierten medidas de seguridad en sus exteriores, en las que incluso no hay cámaras.

El general José Gallardo Román, exministro de Defensa; Vladimiro Álvarez Grau, exministro de Gobierno (hoy Interior); Lautaro Ojeda, analista de seguridad pública, y Euclides Mantilla, exdirector general de operaciones de la Policía Nacional, coinciden en que el bombazo de San Lorenzo debe hacer repensar la seguridad nacional ante el nuevo escenario porque “el riesgo es grande”.

Los cuatro creen que la prioridad es la prevención, que implica la elaboración de mapas de riesgo de los posibles objetivos y la activación de todos los grupos de inteligencia, si es posible con asistencia internacional, para evitar los atentados.

Álvarez plantea, como parte de esa prevención, mejorar radicalmente la inteligencia militar y policial con el uso de agentes encubiertos y contratación de informantes, que permitan infiltrar a las bandas criminales y de narcotraficantes, con el fin de desarmar sus estructuras.

Según Mantilla, con la detención de los cuidadores de la droga o los choferes que la transportan no se están destruyendo las estructuras. Hay que ir, insiste, por los peces gordos, por quienes controlan el negocio y para eso son fundamentales las labores de inteligencia.

A más de la prevención, dicen los expertos, está la disuasión, que son todas las medidas de seguridad que se apliquen, entre ellas el resguardo de las instituciones sensibles, con mayores controles como la instalación de cámaras, aumento del personal de guardias y restricciones como el parqueo de vehículos no autorizados en las áreas adyacentes. Otro medida, aseguran, es mejorar la preparación del personal militar y policial en la lucha antiterrorista.

Dentro de la cadena de protección del Estado está, como tercer eje, la represión y eso es precisamente lo único visible en este momento. El refuerzo militar y policial en las provincias fronterizas con Colombia, según el ministro del Interior, César Navas, llegó a 10.000 efectivos. Hasta hace un mes el número no llegaba a los 7.000.

Una falsa alarma de bomba en la Asamblea Nacional obligó ayer a evacuarla pasado el mediodía. El caso se judicializó para hallar a los responsables.