No son pocos. El Estado tiene 20.288 servidores públicos que guardan relación con paraísos fiscales, según el Servicio de Rentas Internas (SRI). Ellos deberán suprimir esos vínculos si planean seguir en la función pública.

El selecto grupo -en el país hay 809.414 empleados públicos- está en la mira de la Asamblea. La Comisión de Justicia analiza la ley para la aplicación de la consulta popular, enviada por el Ejecutivo, que prohíbe a los funcionarios y candidatos a dignidades de elección popular tener bienes y capitales en paraísos fiscales.

Según el director general del SRI, Leonardo Orlando, los involucrados, entre 2015 y el año pasado, hicieron transferencias por 14,6 millones de dólares a cuentas ajenas y propias.

De esa cifra, agregó Orlando, el miércoles, en la comisión legislativa, 845.900 dólares se transfirieron a 52 sociedades extranjeras. Una de estas, de propiedad de un funcionario público. Él hizo una transferencia de 54.000 dólares. Los 13,7 millones restantes pasaron a instituciones financieras o personas naturales.

Luis Fernando Torres, legislador del Partido Social Cristiano-Movimiento Cambio e integrante de la Comisión de Justicia, muestra que esos 20.288 funcionarios han registrado cada movimiento de manera legal. “Hay transferencias por fondos de jubilación y seguros médicos. El proyecto es absurdo y antitécnico”, comentó a EXPRESO.

Para él, los corruptos seguirán en paraísos fiscales si no los descubren, mientras los honestos “declararán y pagarán”.

Pero las transferencias no fueron solo a cuentas ajenas. 3.238 burócratas (16,10 % de los implicados) enviaron o recibieron divisas de cuentas propias en paraísos fiscales. Las transferencias a Panamá, Luxemburgo, San Vicente y otros países suman 3,9 millones de dólares.

Rentas fue más allá. Su informe muestra que el salario promedio de los servidores fue de 1.618,35 dólares mensuales.

Orlando señaló, además, que también hay una relación con los ‘Panama Papers’. De las 1.693 personas naturales o sociedades relacionadas con el caso en Ecuador, 14 son empleados estatales. De ellos, ocho son accionistas en 24 sociedades nacionales. Cinco hicieron transferencias por más de 1,3 millones de dólares.

Christian Viteri, legislador independiente y exmilitante de PAIS, confirmó a este Diario que se repiten algunos funcionarios. “Son de alto nivel y algunos de nivel medio. Todos están en el informe de la Comisión de Justicia sobre el caso”.

El SRI hizo siete recomendaciones para incluir en el proyecto presidencial.