A menos de un mes para que se cumplan las votaciones de las elecciones anticipadas y con un 59,5 % de indecisión en los más de 13 millones de empadronados según el informe del 20 de julio de la encuestadora Cedatos, los ocho presidenciables hablan de atacar el problema de inseguridad en el país, pero enmudecen cuando se consulta cómo lo van a lograr; así se evidenció en la publicación de EXPRESO del pasado 2 de julio.

Este escenario preocupa a los expertos en seguridad, quienes al revisar las propuestas de los participantes de la contienda electoral sostienen que ahora le toca a los ciudadanos exigir planes contundentes y que generen resultados a la criminalidad existente.

“Hay que pensar como ciudadanos en forzar que hayan ciertos espacios más sensatos en la construcción de política pública de seguridad, sino vamos a seguir teniendo estas conversaciones mil veces más y nadie atiende al problema de fondo, se ofrecen parches como el estado de excepción que cada vez y cuando se aplica”, expuso el experto en seguridad Diego Pérez.

El también catedrático sostiene que los aspirantes a la presidencia deben llegar a un acuerdo para que se cree una “verdadera” política pública de seguridad y que cualquiera que llegue a Carondelet implemente los planes de trabajo delineados en ese acuerdo y que a su vez, quien llegue en 2025, mantenga las acciones para conseguir resultados a mediano plazo.

“Si hubiera una dosis mínima de responsabilidad por parte de los candidatos buscarían un acuerdo con los otros actores políticos, se harían ciertas reglas básicas del juego como por ejemplo: tenemos diferencias en 99 puntos pero el 100 que es seguridad vamos a ponernos de acuerdo que vamos a tomar A, B, C, medida y eso no hay”.

Por su parte John Garaycoa, experto en temas de seguridad ciudadana, señaló que ha puesto a disposición su propuesta de campaña que usó en las últimas seccionales y además expuso que este documento puede ser replicado en varias ciudades del país.

“Esto se puede replicar en varias ciudades, es una propuesta de resultados inmediatos hasta que se pueda desarrollar las acciones que tengan como resultados de mediano o largo plazo. Esto haría con cualquier candidato, porque la seguridad prácticamente es de todos y muy aparte de que yo presente una propuesta, las personas que se dedican a esta actividad estamos predispuestos a ayudar”.

Mientras tanto Kléber Carrión, también experto en seguridad de Estado, sostiene que antes de aplicar cualquier reforma legal, se debe definir claramente las acciones de las instituciones junto con los recursos y las herramientas para que puedan cumplir con su trabajo y las políticas públicas.

Ayer el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó su “profunda preocupación” por el reciente aumento de la violencia en distintos frentes en Ecuador, alimentada en parte por bandas que se disputan el control del narcotráfico y por otras que operan en las cárceles.

Turk reconoció los retos a los que se enfrentan las autoridades ecuatorianas y la sociedad en general para hacer frente a esta violencia, pero pidió que los estados de excepción declarados para hacerle frente respeten los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. “Las autoridades tienen que proteger la vida de las personas, incluidas las de aquellas que están bajo su custodia”.