Que se garantice la integridad y estabilidad laboral actual de Mónica Castillo, es el pedido de su abogado defensor Jorge Luis Ortega. Castillo era gerente de la Empresa Pública de Centros de Alto Rendimiento y está llamada a las 15:00 a dar una versión sin juramento dentro de una investigación previa abierta por la Fiscalía en el denominado caso 'Arroz Moreno'. 

En el caso hay la sospecha de supuestos aportes de empresas públicas a la campaña por la consulta popular por el Sí, efectuada entre 2017 y 2018. Ortega señala que su cliente no tiene ninguna participación en el hecho que se investiga pero sí tiene mucho que aportar en el expediente y que será la Fiscalía la que deberá valorar la información que Castillo tiene sobre los supuestos pedidos de dinero. 

El abogado alertó que su cliente “ha recibido varias llamadas desde que el martes estuvo convocada a rendir su versión y no pudo acudir”. ¿Qué va a decir, qué quiere decir?, es lo que le han preguntado en las llamadas, indicó el defensor. Anunció que su cliente explicará lo que conoce sobre los pedidos de dinero para la campaña de la consulta popular. 

Su nombre apareció en una filtración de documentos que hizo el medio digital La Posta la semana pasada como parte de los aportantes a la campaña de la consulta. Además de Castillo para este jueves fueron citadas otras cinco personas para que rindan su versión de forma presencial y telemáticamente. Entre ellas también se llamó al exsecretario Eduardo Mangas para que presente su versión a las 16:00.

Este miércoles la ministra de Gobierno María Paula Romo señaló que la Fiscalía está haciendo las investigaciones correspondientes. Indicó que el presidente Lenín Moreno ha pedido información a las empresas públicas sobre el caso. Destacó que nos “parece de baja veracidad muchas de las afirmaciones que se hacen como que se habría entregado dinero de algunas empresas”. Añadió que para cualquier persona que conozca el sector público eso es improbable por no decir imposible. 

La ministra reiteró que desde el gobierno son los más interesados “en que no quepa ninguna duda y menos todavía tratar de crear similitudes con gravísimos casos de corrupción hoy ya sentenciados en el país”. Informó que en este caso los funcionarios de gobierno han acudido a dar la versión a la Fiscalía sin necesidad de ser llamados. La de Centros de Alto rendimiento es una de las 12 empresas a las que se habría solicitado recursos para la campaña por el Sí.