En rueda de prensa aparecieron este jueves 9 de febrero de 2023 seis excandidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) abanderando una consigna: hubo fraude electoral.

Juan Esteban Guarderas, Manuela Daquilema, Óscar Ayerve, Édgar Corral, Jacqueline Ludeña y Ángel Chela dicen que hay indicios de irregularidades en el escrutinio.

Guarderas afirmó que hubo “votos desaparecidos” en Guayas. “Para la Prefectura, hubo 2’455.496 votos, para el CPCCS hay 2’404.000. Es decir, hay una diferencia de 50.000 votos desaparecidos”.

Daquilema también hizo pública su preocupación por el trabajo del Consejo Nacional Electoral (CNE). “Es indignante ver el fraude asqueroso que se viene acostumbrando en todas las elecciones. Hay alteraciones, por ejemplo, en esta acta, donde con letras dice 42 y a nosotros nos ponen 18 votos”.

La consejera del CNE solicitó formalmente a la Contraloría para que haga una auditoría integral al proceso electoral, pues indica que hay miles de inconsistencias.

En cambio, el legislador Fernando Villavicencio pidió al CNE una lista de información, en la que se incluye la manipulación y sistemas de protección del programa Azure. Una licencia de este fue alquilada por el CNE a Microsoft Ecuador.

En este programa se almacenaron los resultados y, por lo tanto, debían contener varias formas de control y de autentificación de quienes tenían acceso. Según Villavicencio, el CNE no aplicó el soporte de autentificación múltiple y, por lo tanto, el programa estuvo expuesto.

El CNE no se ha pronunciado sobre las críticas. Solo reconoce más de 70.000 inconsistencias en actas de las juntas receptoras del voto. 

El acceso a la base de datos está en duda 

Una de las críticas al CNE es que sus técnicos informáticos no habrían activado la autenticación multifactor (MFA), que es una forma de protección al proceso de inicio de sesión. Es decir, cada administrador que tenía acceso al programa en donde se alojaban los resultados debía pasar por una fase de autenticación como presentar su huella dactilar, hacer una fotografía o a través de firma electrónica. Sin este paso, cualquier persona que tenga el usuario y clave podría ingresar al sistema. Sobre este punto, el asambleísta Villavicencio inició un proceso de fiscalización.

70.000 actas con inconsistencias se han presentado. Pero no modifican la tendencia.