El proceso sigue en marcha. Como esos juguetes a los que parece se les acabó la cuerda y de pronto empiezan, agonizantes, a caminar de nuevo. Nadie sabe dónde se detendrán, pero es evidente que no muy lejos. Así, movido por la inercia de sus últimos resortes activos, el juicio político contra Jorge Glas prolongó su agonía hasta hoy, día en que el Pleno de la Asamblea conocerá el oficio presidencial y sus documentos anexos que dan cuenta del abandono definitivo del cargo de vicepresidente. Para mañana por la tarde está previsto que Jorge Glas concurra a rendir sus pruebas de descargo ante la Comisión de Fiscalización, pero eso puede no ocurrir nunca. La decisión la tomará la propia comisión, probablemente por la mañana, según improvisó ayer su presidenta, María José Carrión. Entretanto, en la sesión de ayer se expusieron ya los contundentes cargos.

La jornada empezó a las diez y media de la mañana con la intervención del proponente principal del juicio, Roberto Gómez (CREO), y concluyó a las cuatro de la tarde con una clase de Derecho (que buena falta le hacía al ala morenista y correísta de la comisión) a cargo del fiscal general Carlos Baca Mancheno. Tema: diferencias entre juicio penal y juicio político. El fiscal se sirvió del Power Point para demostrar, básicamente, que no tienen nada que ver el uno con el otro. La obstinación del presidente de la Asamblea, José Serrano, para no proceder con el segundo hasta que las cortes hubieran concluido con el primero fue, en definitiva, un despropósito que consiguió agotar el tiempo.

A María José Carrión le tocó escuchar lo que no quería. Uno por uno los asambleístas de oposición que proponen el enjuiciamiento le recordaron aquella bochornosa sesión del 22 de junio, cuando la Comisión de Fiscalización recibió como un héroe a Jorge Glas, entre los vítores de sus partidarios, en el antiguo salón del Senado, suficientemente grande como para dar cabida a las barras. “Esa sesión que no voy a calificar”, dijo Gómez; y Carrión bajó la mirada a un punto indeterminado de la mesa. Esa sesión en la que 19 preguntas planteadas por los asambleístas, recordó Jeanine Cruz (CREO), se quedaron en el tintero. “El show que se vivió ese día”, calificó Rina Campain (CREO) “cuando nos prestamos para escuchar lo que Glas decía” y “usted, tiene que recordarlo, nos hizo sacar de la sala”.

Ahora, con Glas preso y sentenciado, María José Carrión se esfuerza por recuperar la credibilidad perdida y declara improcedentes los reclamos del correísta Hermuy Calle, para quien “este juicio ya no tiene sustento legal”, pues Jorge Glas dejó de ser vicepresidente y la Constitución solamente permite a la Asamblea enjuiciar a mandatarios en funciones. Según Carrión, en el oficio enviado por Carondelet el jueves se pide a la Asamblea que verifique, en los documentos adjuntos, la ausencia definitiva del vicepresidente. En realidad, el oficio dice que esos documentos son, en sí, la verificación necesaria, y así se lo hizo notar Hermuy Calle. Pero ella ya había tomado una decisión: continuar adelante y esperar hasta el sábado.

Los planes del morenismo se vinieron abajo. “Hoy tenemos que debatir sobre el procedimiento para cerrar el juicio político”, había declarado Daniel Mendoza a la entrada. No pudo ser. La actitud de Carrión dio paso a la presentación de pruebas de cargo y a un nuevo escarnio público de Jorge Glas, de la mayoría oficialista del CAL, de la Comisión de Fiscalización y de todos aquellos que, según la oposición, intentaron boicotear el juicio, lo demoraron y le pusieron trabas.

“Es inaudito -dijo Roberto Gómez- que la Asamblea Nacional sea la última en actuar, siendo el primer poder del Estado. Peor aún que pretenda dar por concluido el juicio político”. El asambleísta de CREO habló durante más de 40 minutos, con una torre de documentos por delante, y centró su intervención en lo que llamó “la responsabilidad moral de la comisión”.

También el independiente Raúl Tello habló en nombre de la decencia. Y Rina Campain pidió contra Jorge Glas una censura “que sirva como sanción moral”.

En cuanto a las pruebas de cargo, son del dominio público. Roberto Gómez, documentos en mano, describió a Glas como el directivo “de una organización criminal”. Jeanine Cruz hizo el recuento de los pagos ilegales reconocidos por el delator de Odebrecht, incluido aquel, escandaloso, a favor del entonces secretario presidencial Alexis Mera. Henry Cucalón (PSC) enumeró todas las acciones delincuenciales del exvicepresidente en relación con los tipos penales de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. Todos insistieron en que el juicio es necesario, pues en él se establecerán presunciones de responsabilidad penal de nuevos implicados o de nuevos delitos. “¡Que el señor no la saque de agache!”, clamó Cucalón y calificó a Glas de “inepto confeso”.

Por la tarde, la comparecencia del fiscal, en quien el integrante de la comisión Homero Castanier (CREO) cifraba sus esperanzas de abundar en razones para la condena, no aportó ninguna información. Dijo que el proceso penal estaba en marcha y a él no le correspondía hacer ese tipo de declaraciones públicas que pudieran entorpecerlo.

Y eso fue todo. Queda la duda de lo que vendrá. En algo están todos de acuerdo: la ley no permite a la Comisión de Fiscalización archivar un proceso sin haberlo concluido. Daniel Mendoza tuvo que ceder: “Tenemos que hacer un informe”, reconoció. Y como escucharon ya las pruebas de cargo, es necesaria la presencia del exvicepresidente para conocer las de descargo. María José Carrión, en esto como en todo lo demás, no está segura. Nunca lo estuvo. Mañana se verá.