La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) presentó en su último informe que el total de ecuatorianos deportados y expulsados desde esa nación en el período fiscal del 2023 es de 88.701 compatriotas.

Una cantidad que se aproxima al total del año 2021, cuando se registró el pico más alto en los últimos años del país con 97.074 ecuatorianos capturados en las distintas zonas fronterizas de EE.UU. (revisar gráfico).

En ese entonces, México y Guatemala no pedían a los ecuatorianos visa para entrar a su territorio por razones de turismo. Pero ese beneficio fue usado para argumentar una supuesta estadía de vacaciones y realmente llegar de forma irregular a Norteamérica.

Esto generó que se vuelva a instaurar el requerimiento de un visado a los ecuatorianos y las cifras descendieron drásticamente a 24.936 deportados y expulsados por EE.UU.

Sin embargo, el negocio del tráfico ilegal de migrantes encontró nuevas rutas, como por ejemplo el Tapón de Darién y el ingreso por otras naciones centroamericanas. Según cifras oficiales de Panamá, son más de 352.000 personas las que han transitado por este peligroso camino en 2023.

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Ese país calificó la situación como una “crisis migratoria que escaló a crisis de seguridad nacional”, y que llegó al límite de su capacidad para atender este fenómeno.

William Murillo, candidato a asambleísta alterno por EE.UU. y Canadá por el movimiento Construye y también representante de la organización 1800-Migrante, enfatiza que la migración es el resultado de una cadena de violencia estructural en las naciones, que motiva a los ciudadanos a salir de su nación.

“Es algo que se veía venir, que se va a mantener y hasta aumentar porque al menos en Ecuador las condiciones de vida están en la espiral de violencia. No va a cambiar en seis meses o un año con un nuevo gobierno. Es un problema latente que se arrastra desde hace años. Podría variar si es que se ejecutan inversiones y eso es en una década al menos”.

En lo que corresponde a autoridades de Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, acusó a la población ecuatoriana inmigrante ser parte del “gran problema” que va a destruir el territorio que administra, al señalar que la llegada de miles de inmigrantes va a suponer para la ciudad un déficit de $12.000 millones, que lo llevará a tener que recortar servicios a los neoyorquinos.

“Recibimos 10.000 inmigrantes al mes, primero eran venezolanos, ahora ecuatorianos y rusos llegando por la frontera de México... Ahora recibimos gente de todo el mundo que ha decidido entrar por la parte sur de la frontera”.

Frente a estas declaraciones, Murillo expone que se trata de declaraciones políticas y que por lo tanto se debe ponderar los esfuerzos de cargar responsabilidades que no han asumido mandatarios en sus países.

“La Alcaldía y la gobernación del estado de NY en general han sido muy generosos con los inmigrantes (de todos los países del mundo), porque los recibe de una forma que no lo hacen otros estados y esto ha provocado que gran número de inmigrantes se aprovechen del sistema porque la ley del Estado está obligada a ayudar a los inmigrantes que lo soliciten, especialmente cuando están en estado de vulnerabilidad como son los solicitantes de Asilo que son la mayoría que están en los albergues”, puntualizó.