A la espera de Procuraduria
Es la facultada para reclamar por el perjuicio al Estado de Odebrecht. Solo hay acusación particular por Alecksey Mosquera. Los contratos se revisan a posteriori.
Está en manos de la Procuraduría General pedir que el Estado sea resarcido por el perjuicio económico que ha causado la trama de corrupción auspiciada por Odebrecht. Y ahí sigue: en manos de la Procuraduría. Por el momento, la institución solo se ha presentado como acusación particular contra el exministro Alecksey Mosquera y los otros vinculados por lavado de activos, pese a que hace dos semanas dijo que haría lo propio en cuanto la Fiscalía vinculase a funcionarios de Odebrecht a los que exigiría una reparación integral.
Tiene de plazo hasta que dure la instrucción. Esta habría finalizado el domingo 3 de septiembre, de no ser por la vinculación del vicepresidente Jorge Glas y de otros 10 implicados -entre ellos, los cuatro funcionarios de Odebrecht- como parte de la investigación por asociación ilícita. Hay casi un mes más.
Y en ese plazo, deberían recopilar y presentar las pruebas que den cuenta del perjuicio que dejó en el Estado la contratación con coimas, con sobrecostos y con intereses privados -en lugar de público- que justificasen inversiones que, de otra manera, quizá no se hubiesen hecho. Con esas pruebas, el juez deberá hacer el cálculo final.
“Si, frente a las notables evidencias que se han venido dando durante estos 10 años, el procurador general hubiera emprendido una investigación administrativa para evitar que se cometan perjuicios en contra del Estado, hubiera podido evitar este colapso en la contratación pública”, lamentó el jurista Enrique Herrería, exmagistrado del Tribunal Constitucional.
EXPRESO consultó ayer a la institución, a la espera de obtener una entrevista con el procurador general Diego García Carrión, si se han presentado más acusaciones particulares -aparte de en el caso del exministro Mosquera-, además de si se ha solicitado la práctica de pruebas que certifiquen cuán lesiva fue la contratación con Odebrecht y si la institución repetirá contra los funcionarios implicados en la trama corrupta por los perjuicios económicos. Pero hasta el cierre de esta edición no llegó una respuesta.
Lo que sí ha reiterado públicamente el procurador García Carrión es que a la institución ya no le corresponde hacer una evaluación previa a los contratos que firme el Estado con empresas, ni tampoco, cuestionar el contenido técnico o económico.
Lo suyo, desde que el gobierno de Rafael Correa aprobó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el año 2008 es revisar los contratos a posteriori, una vez firmados con los contratistas y, además, verificar únicamente si se cumplen o no las condiciones de contratación, las cláusulas legales. La idoneidad o bondad de lo pactado queda fuera de su competencia, según las aclaraciones públicas de la Procuraduría General.
Este matiz, en voz del jurista y exmagistrado del Tribunal Constitucional, Enrique Herrería, no justifica que el procurador resigne atribuciones a las que está obligado. “Como abogado del Estado, no solo tiene que revisar que los contratos del Estado cumplan los requisitos legales de la contratación, sino que también tenía que demandar el incumplimiento de los contratos, más aun cuando de ellos se evidenciaba lesividad para las arcas públicas”.
El exprocurador general, Xavier Garaicoa, ratifica que la revisión de montos y costos le corresponde a la Contraloría General del Estado ya que, recuerda, allí hay peritos y en la Procuraduría, abogados. “Lo que debe hacer es pedir a Contraloría que haga el peritaje del perjuicio”, propone y después, “pedir la nulidad de los contratos para que Odebrecht, que es la empresa que se beneficia de los sobreprecios, devuelva lo pagado”.
Interpretación de las normas
Servidores con contratos
La Ley de Contratación Pública enumera en su artículo 62 las personalidades que tienen prohibido contratar con el Estado y entre ellos, están dignatarios electos como prefectos y asambleístas, así como servidores públicos. A propósito del caso del prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, y de su hijo el asambleísta de mismo nombre, que tenían acciones en empresas contratistas del Estado, el jurista Enrique Herrería considera que el mandato legal es tan claro que no admite interpretación. Y por ello, cuestiona un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado de 2011, donde flexibiliza la inhabilidad de los servidores públicos a las áreas en las que ellos laboran. Esa interpretación, dice Herrería, justificaría que se abriera juicio político contra García Carrión. Para el exprocurador general Xavier Garaicoa, la inhabilidad es más estricta cuando se trata de dignatarios electos.
