Asi se esfuman los recursos publicos entre facturas falsas

En 2015 una entidad cercana al Ministerio de Obras Públicas efectuó una operación por cerca de cinco millones de dólares con una empresa considerada fantasma.

Se trató de una asociación que registró como actividad diseño e ingeniería y presentó facturas para el cobro de un servicio que no se conoce si se concretó o no. Esa práctica está prohibida. Una resolución del Servicio de Rentas Internas (SRI) de agosto de 2016 establece que la utilización de empresas inexistentes será considerada como práctica de planificación fiscal agresiva.

Como esa operación, la Comisión Ciudadana Anticorrupción detectó al menos 39 casos que involucran a 18 instituciones estatales. El análisis fue efectuado por un equipo conformado por expertos jurídicos y financieros, liderado por Juan Esteban Guarderas, que hizo un muestreo de contratos de entre 2012 y 2016.

Los investigadores detectaron las irregularidades que representarían un perjuicio económico para el Estado por más de 28 millones de dólares. La denuncia se oficializó ayer en la Fiscalía.

Jonathan Rosero, de la Comisión, presentó 48 hojas de denuncia y 25 de anexos. El pedido a la fiscal Diana Salazar es que inicie investigaciones por al menos 12 delitos que -presumen- se pudieron cometer en el caso.

Solicitan también acciones para la sanción de los ilícitos, que involucrarían a funcionarios públicos y personas naturales o jurídicas que habrían facilitado el cometimiento de las anomalías.

En la denuncia se menciona la ‘reincidencia’ de ciertos proveedores y de entidades públicas contratantes, situación que agravaría los delitos que se establezcan dentro de la investigación.

En los 39 casos se menciona también a una prefectura de una provincia amazónica que en 2012 hizo una contratación con una entidad inexistente cuyo giro de negocio era la tercerización. El monto fue de aproximadamente 300.000 dólares y no se comprobó si es que hubo o no el traspaso de trabajadores.

El análisis de un contrato de una parroquia rural en Pichincha llamó la atención. Una entidad del sector social habría contratado a una empresa inexistente por un millón de dólares para proveer servicios contables.

Guarderas evidenció su asombro porque señala que cada empresa tiene sus servicios contables y se preguntó: ¿qué tan compleja puede ser la contabilidad de una entidad parroquial?

En una prefectura de una provincia de la Costa se contrató a una firma ficticia por 300.000 dólares para recolectar, clasificar y entregar correspondencia.

La página del SRI registra 868 empresas fantasmas con transacciones inexistentes. En ese grupo, a finales de 2017, el SRI incorporó a 303 firmas ficticias a las 507 empresas fantasmas que existían en ese momento. Las compañías habrían simulado transacciones por 600 millones y 180 millones en perjuicio del Estado con la entrega de facturas falsas a 4.192 clientes.

Ese año fue desarticulada una red delictiva que vendió facturas a 2.727 contribuyentes por más de 30 millones de dólares. La defraudación fiscal se sanciona hasta con cinco años de cárcel.

Los descargos

El Ejército aclara contratación

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército es una de las entidades citadas por Anticorrupción como supuesto contratante con empresas fantasmas.

En un comunicado, el Ejército aclaró que la empresa que contrató entre 2012 y 2013 se encontraba registrada como habilitada por el Sercop y el SRI, por lo que dice que el contrato, en ese período, fue legal.

En el comunicado se puntualiza que se realizaron las retenciones respectivas de los valores a ser pagados al contratista y se transfirieron al SRI.

También añade que las obras, bienes y servicios fueron recibidos a satisfacción. El Ejército mostró su apertura a las verificaciones que sean requeridas.

El Gobierno provincial de Manabí, mencionado por error por un miembro de la Comisión Anticorrupción, rechazó el señalamiento.

En un comunicado, ese ente provincial reiteró que como agente de retención tributaria efectúa declaraciones mensuales al SRI de las facturas por adquisición de bienes y prestación de servicios.