¿Error judicial en caso de secuestros? Penalistas observan rol de juez y fiscal
La liberación de los sospechosos en el secuestro y asesinato de una comerciante asiática causa polémica
El hallazgo del cuerpo sin vida de una ciudadana china, secuestrada el 30 de mayo en la ciudadela Martha de Roldós y encontrada días después en una cisterna en Nueva Prosperina -donde también se hallaron otros tres cuerpos-, destapó una ola de indignación. Más aún cuando se conoció que los dos detenidos por el crimen, Byron Steven Méndez Villavicencio, alias “La Pinky”, y Jhorly Ariel Portocarrero Mera, alias “Cocacho”, fueron liberados pocas horas después de su captura.
La Judicatura y la Fiscalía han buscado justificar el accionar del juez y del fiscal, en ese mismo orden. Mientras la primera asegura que el juez Juan Pablo Pulgarín solo acató el pedido de medidas alternativas solicitado por el fiscal, el Ministerio Público afirma que sí solicitó prisión preventiva para uno de los implicados.
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La Judicatura también aludió un principio de igualdad y que por eso no acogió la solicitud de prisión que hizo el agente fiscal y se le dictó medidas cautelares (prohibición de salida del país y presentación periódica), como se lee en comunicado de la entidad.
Pablo Encalada: “La argumentación judicial es insuficiente”
El abogado penalista Pablo Encalada no dudó en observar la actuación judicial. A su criterio, “la sola argumentación de la igualdad y la no discriminación me parece una argumentación insuficiente”. Considera que las medidas cautelares deben aplicarse de forma individual, basándose en la responsabilidad y circunstancias particulares de cada procesado, no por un principio general de igualdad.
Encalada también señala que la justificación del juez, de aplicar las mismas medidas a ambos detenidos para no discriminar, es dudosa y requiere una revisión minuciosa. “Esa habría que analizarla”, insiste.
Por ello, solicita una investigación urgente por parte de la Judicatura para determinar si el juez y el fiscal actuaron conforme a la ley, especialmente considerando el desenlace fatal del caso.
Esteban Ron: “La prisión preventiva es de última ratio”
El experto penalista Esteban Ron también plantea que las medidas cautelares deben aplicarse según la participación individual de cada acusado en los hechos. Pero también subraya que la prisión preventiva no debe usarse a la ligera.
“La prisión preventiva... es una medida de última ratio”, recuerda. Es decir, solo debe aplicarse en casos excepcionales, como cuando hay riesgo real de fuga. En ese sentido, Ron argumenta que “uno de estos no tiene antecedentes criminales”, lo cual habría pesado en la decisión judicial de no dictar prisión.
El penalista agrega que mientras no se esclarezca completamente qué papel jugó cada sospechoso en el secuestro y asesinato, el sistema debe actuar con cautela. “Mientras no se tenga esclarecido qué es lo que realmente pasó, no le van a dictar la prisión preventiva”, concluye.
La controversia sigue abierta
El caso ha generado un cruce de versiones entre instituciones y un intenso debate jurídico, sobre todo en redes sociales. Mientras algunos ven errores en la actuación judicial que podrían haber facilitado la impunidad, otros llaman a respetar el debido proceso hasta que se cuente con evidencia clara.
Lo más reciente: La justicia ordenó prisión preventiva para cinco individuos presuntamente involucrados en el secuestro y asesinato de cuatro comerciantes. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados el pasado viernes 30 de mayo dentro de una cisterna vacía, utilizada como depósito, en el sector de Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil.
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