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Empresas pujan por dispositivos para los detenidos
Ocho instituciones nacionales y extranjeras efectuaron -ayer- pruebas técnicas dentro del proceso de selección para ofertar los brazaletes electrónicos para privados de libertad.

Ocho instituciones nacionales y extranjeras efectuaron -ayer- pruebas técnicas dentro del proceso de selección para ofertar los brazaletes electrónicos para privados de libertad.
La demostración se hizo en las instalaciones del ECU911 de Samborondón, donde los postulantes llevaron diferentes dispositivos como: beeper con botón de pánico, brazaletes para tobilleras, celulares.
El Ministerio de Justicia inició el proceso de selección en enero, para que participen -por lo menos- cuatro mil dispositivos, dijo su titular Lady Zúñiga; aunque son 6.000 personas las que podrían beneficiarse. Especialmente, los investigados o procesados por delitos menores. No se favorecerán los de alta peligrosidad.
Según la ministra, existen 200 personas con arresto domiciliario a nivel nacional, para quienes se necesitan por lo menos tres policías las 24 horas. Lo que genera un costo aproximado de $ 90 diarios. Con el uso del dispositivo ese valor se reduciría a $ 5. Aparte del costo, se busca un aparato discreto para no estigmatizar al detenido.
“Con el equipo se le da la oportunidad de trabajar y saber su ubicación en cuestión de segundos”, dice Zúñiga.
Un modelo de brazalete, cuyo costo está por los $ 800, puede durar un día completo activado, con dos horas de carga. Otros, hasta dos años, sin necesidad de recarga. Todos son a prueba de agua, hasta una profundidad de dos a cinco metros.
En el caso del teléfono celular (con restricciones), permite la interacción entre los centros operativos y los portadores de brazaletes. “Nuestro trabajo sería de entregar la información al ECU911, a través de la plataforma integrada”, explicó uno de los empresarios postulantes.
Al Consejo de la Judicatura le tocará disponer los casos para el uso del dispositivo, Justicia se encargará de instalarlos y el 911 monitorearlos. La policía actuará cuando se pretenda violentar el servicio. ACB