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Consulta popular: Ciudades y provincias donde ganó el Sí a la extradición

En trece capitales, la mayoría dijo que 'sí'.  Y el ‘no’ se posicionó en ciertas zonas del radar del crimen organizado. Expertos lo analizan

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Vocales de una mesa de votación realizando el proceso de conteo de votos, tras el cierre del sufragio.Agencias internacionales/José Jácome

El mal de la olla solo lo sabe la cuchara. Este refrán podría explicar un poco lo que sucedió en las votaciones del 5 de febrero pasado en la pregunta 1 del referéndum, sobre la propuesta de extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado internacional: el ‘no’ ganó con el 51,54% de los votos, tres puntos por encima del ‘sí’.

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Diario EXPRESO realizó un análisis de los datos de las votaciones de ese apartado de la consulta popular. Según los registros del Consejo Nacional Electoral (CNE), en trece capitales de provincia ganó el ‘sí’, precisamente donde la violencia ha escalado y, al parecer, ha echado raíces: Guayaquil, Esmeraldas, Santo Domingo, Babahoyo y Quito, ciudades donde la guerra entre microcarteles se ha acentuado o son zonas en el radar de esas organizaciones narcodelictivas y del apogeo de la delincuencia común que aterroriza a muchos.

“En Guayaquil, por ejemplo, hay un sentimiento generalizado de esta percepción del incremento de la violencia”, comenta a EXPRESO Renato Rivera, investigador de la Red Latinoamericana de Análisis de Seguridad y Delincuencia Organizada (Relasedor). El especialista también menciona el caso de Quito, donde cree que tuvo éxito la estrategia comunicacional del Gobierno.

DEBATEEl plantemiento que hizo el Gobierno sobre la extradición de ecuatorianos a países que los requieran dividió a la opinión pública.

El sociólogo Dushan Navarro, perito de la Función Judicial, explica que los resultados electorales son multicausales y que la decisión de quienes votaron a favor de la extradición fue motivada por varias preocupaciones: “La proximidad a la inseguridad, el recelo de salir a la calle, los potenciales riesgos de drogadicción para sus hijos, esas situaciones generan la búsqueda de opciones para hallar solución a esta crisis (de violencia). La forma en que se presentó la pregunta a la gente le daba un viso de esperanza”.

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En el grupo de ciudades donde ganó la tesis del Gobierno de Guillermo Lasso también están Tulcán, Ibarra, Loja, localidades fronterizas que, en grados distintos que Esmeraldas, reciben el impacto del conflicto armado colombiano en el que están inmersos grupos armados organizados, disidencias de las FARC u otras dinámicas de actividades al margen de la ley.

Otras capitales, que históricamente sus índices delictivos han sido bajos con relación a otras urbes, también aparecen en la huella de la victoria del ‘sí’: Cuenca, Azogues, Riobamba, Ambato, Puerto Baquerizo Moreno (San Cristóbal-Galápagos).

“Son ciudades como Riobamba, que tienden a votar por partidos más conservadores, analizándolo desde el punto de vista de la política. En el caso de Azogues, esta ha tenido la influencia de la violencia generada en las cárceles”, analiza Rivera.

Los expertos, en cambio, creen que la victoria del ‘no’ pudo haber estado motivada por la afinidad a sectores que promovían esa tendencia, como el correísmo; el convencimiento propio de que la propuesta era poco acertada para combatir las drogas, un exhorto de rechazo al Gobierno por falta de políticas públicas, desconocimiento, entre otras causas.

Rivera también refiere que en ciertos cantones pudieron haber influido los brazos de estructuras criminales que ocupan el vacío institucional que ha dejado el Estado en esos sitios, como se ha visto en El Triunfo -bastión de un microcartel que entrega regalos a los niños, que es querido por pobladores de ese lugar y que tiene “oídos por todas partes”, según una fuente-, Manta y Lago Agrio, donde ganó el ‘no’, por ejemplo.

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“Hay una ley de extinción de dominio que está vigente desde el 2020 y que no se la ha aplicado. Ante la derrota del ‘no’, el Gobierno tiene una alternativa para combatir al crimen organizado, que es perseguir a toda la estructura y las ganancias ilícitas asociadas a sus actividades”, recomienda Rivera.