El pasado 8 de marzo la Corte Constitucional emitió una resolución favorable al capitán (r) de la Armada, Edwin Ortega. Él dejó de formar parte de las filas militares y se declaró perseguido por el prófugo expresidente Rafael Correa.

La pérdida de la carrera militar fue la sanción que recibió Ortega luego de que en 2016 respondió un correo electrónico masivo que había sido enviado por Correa a los militares. Tras su salida acudió a las instancias judiciales con una acción de protección que le fue negada y que se ventiló en la Corte de Guayas en donde se ratificó la negativa del inferior. 

Agotadas las instancias el capitán acudió a la Corte Constitucional con una acción extraordinaria de protección presentada en contra la sentencia de 18 de julio de 2017 dictada por la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas dentro de la acción de protección Nº. 09281-2017- 01293. "Se concluye que la autoridad judicial violó el derecho al debido proceso en la garantía a la motivación ya que existió una falta de congruencia frente a las partes porque la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas omitió pronunciarse sobre cargos relevantes del accionante", señala el fallo. "Creo que es un fallo que enaltece mi lucha", señaló a EXPRESO. Dijo que espera recuperar el estado que tenía al 2016, eso es el rango que ostentaba antes de dejar las filas militares. 

La sanción fue una de las exigencias que hizo el expresidente en sus sabatinas porque, entre otras cosas Ortega le dijo a Correa: “Su investidura merece respeto y tiene mi respeto formal pues el respeto moral está en entre dicho... y pare de mentirnos que el país necesita verdad”.

Lo siguiente en su caso fue que el Ministerio de Defensa solicitó que se inicie un proceso disciplinario por la conducta que incurría en realizar actos de manifiesta violencia o indisciplina contra un superior siempre que no constituya delito. Para Ortega se inició el primer proceso disciplinario conformado por el Primer Consejo de Disciplina el cual, por unanimidad, inadmitió a trámite la denuncia presentada por el Ministerio pues “el hecho denunciado no [era] un acto de servicio militar ni relacionado a él”. Tuvo en total cuatro procesos disciplinarios y sanciones con arresto domiciliario.

El 15 de marzo de 2017 Ortega presentó una acción de protección en contra de Renán Ruiz Cornejo y Lenin Sánchez Miño como comandante de la Marina y Comandante del Cuerpo de Infantería de la Marina de la Armada, respectivamente, y de los oficiales de la Armada Nacional que conformaron el segundo Consejo de Disciplina.

Luego del análisis la Corte declaró que la sentencia de 18 de julio de 2017 vulneró el derecho al debido proceso en la garantía a la motivación. Dejó sin efecto el fallo de la sala de la Corte de Guayas y dispuso que, previo sorteo una nueva Sala de la Corte Provincial resuelva la causa que fue negada en apelación. .