Desde ayer hasta el 15 de diciembre, el infante de Marina Edwin Ortega no podrá abandonar la base San Eduardo, de Guayaquil. En ese reparto naval, el capitán de la Armada cumple la sentencia de diez días de rigor, que le impuso el segundo consejo de disciplina integrada por mandato de una jueza constitucional, que falló a favor de la acción de protección que pidió el presidente de la República, Rafael Correa.

La acción fue interpuesta contra la resolución del primer consejo de disciplina, que evitó sancionarlo por la acusación de falta atentatoria, por haber contestado la carta que el presidente le escribió a todos los soldados, el 13 de mayo de este año.

El oficial asegura que se siente un perseguido político, vulnerado en sus derechos humanos y en completa indefensión, pues les han aplicado otras cuatro sanciones en procesos adicionales.

Sin esperar la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la cual el capitán Ortega pidió medidas cautelares la semana pasada, el oficial cumple la sanción que él considera ilegal e ilegítima.

Su abogado Juan Vizueta dijo que una vez agotadas las instancias nacionales, su defendido centra sus esperanzas en la justicia internacional porque hubo una clara violación de los derechos humanos de su defendido y un caso omiso a la Constitución de la República, que establece que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por la misma causa.

También alega prescripción del delito porque los hechos ocurrieron en mayo y el juzgamiento se efectuó en octubre.

Ortega insisten en que no le faltó el respeto a Correa. “La única verdad es que pedí respeto a las FF.AA., dije que se pare de mentir y que se sancione tanta impunidad y corrupción”. RTG