Educacion privada y pensiones

Pocos conocen que en el Ecuador colonial y republicano la educación privada antecedió a la pública. Y que esta ha sido mejor que la estatal. Sobre esto se puede discrepar, pues se afirma que esto originó élites culturales que tuvieron los recursos para pagársela.

Esta afirmación es más ideológica que socioeducativa, verdad en el pasado, no en el presente. Por eso es preciso situar bien el rol de la educación y escuela privada. Y cómo, bajo condiciones adversas, creció, progresó y mejoró.

Es negativa la idea y el prejuicio ideológico de que la educación privada es “mercantilista”, solo interesada en el lucro. Esta afirmación no puede sostenerse. La evaluación de los rendimientos, de la básica y bachillerato a través de los sistemas Aprendo, Ser, Pisa, etc., dicen que en la escuela privada se dan los mejores rendimientos porque en esta interviene menos la política, se actualizan, etc.

Sin embargo, no se reconoce su aporte, pues, se han dictado una serie de disposiciones y normas “educativas” (en realidad no son tales sino de limitaciones económicas) que impiden que las escuelas privadas puedan pedir que los representantes paguen las pensiones al día que corresponde de acuerdo a la ley.

Esas normas omiten que el desarrollo institucional, el financiamiento, sueldos de maestros (incluida la afiliación al IESS, pagos de bonificaciones, etc.) deben ser atendidos oportunamente por los centros de educación privada. Si no lo hacen, caen en violaciones y sobre ellos se imponen sanciones “con todo el rigor de la ley”.

No se dice, ni se acepta que ese conjunto de exigencias y normas legales que se imponen no pueden cumplirse si a los centros educativos privados se les impide cobrar a tiempo, y que los padres de familias paguen “oportunamente” las pensiones. En esto parece haber algo de inadecuación (algunos dueños de estos establecimientos lo llaman injusticia).

Este conjunto de disposiciones y normas llevará a que los representantes de alumnos puedan pasar años sin pagar las mensualidades, y es con dichos ingresos que esos centros educativos atienden la nómina de sus docentes.

Es hora de revisar esta normativa vigente para que se equilibren con las exigencias laborales y del IESS en el regular y oportuno pago de las pensiones mensuales que deben cancelar los padres de familia.