En diciembre de 2020 autoridades ecuatorianas solicitaron que la Unidad Transnacional de la Policía sea parte del sistema de inteligencia porque proporcionó un listado de personas que compraron grandes cantidades de explosivos a grupos irregulares de la frontera colombiana y que se trataría de un posible financiamiento del terrorismo.

Pero la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), entidad encargada de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, consideró que se trataba de minería ilegal y no pasó nada.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) expuso en su más reciente informe una serie de observaciones (además a las ya realizadas por el ínfimo control al lavado de activos proveniente del narcotráfico) y explicó que sus delegados visitaron el país entre marzo y abril de 2022 y comprobó que “no contaba con una estrategia nacional que aborde específicamente el financiamiento del terrorismo”.

Adicional a ello encontró que hasta esa misma fecha no se había condenado a nadie en todo el territorio nacional por dicho delito y que no se podía valorar hasta qué punto son eficientes sus medidas aplicadas (revisar cuadro).

“Al no contar el país con diversos antecedentes de financiamiento del terrorismo no se cuenta con situaciones concretas donde se hayan tenido que aplicar medidas alternativas por inconvenientes de la imposibilidad para aplicación de una condena. Sin embargo, dispone de autoridades y mecanismos que, eventualmente, podrían aplicarse para evitar el movimiento de los fondos sospechados de financiamiento del terrorismo”.

Diario EXPRESO le consultó al ministro del Interior, Juan Zapata, si en la actualidad, Ecuador ya contaba con una estrategia nacional para detectar el financiamiento del terrorismo y a su vez evitarlo, pero respondió que se encontraba presidiendo la sesión del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) y que por lo tanto no podía atender al pedido.

El requerimiento de información se hizo porque en mayo pasado el presidente Guillermo Lasso firmó el Decreto Ejecutivo 730 en cumplimiento del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), del 27 de abril de 2023. En el escrito ordenó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas “iniciar, de manera inmediata, las acciones para reprimir la amenaza terrorista, con todos los medios a su disposición, en coordinación con la Policía Nacional”.

Gafilat analizó los datos proporcionados por Ecuador y mostró su preocupación porque detectó que entre 2017 y 2021 existen más de 200 investigaciones abiertas por presunto caso de terrorismo, pero que “la mayoría de estas se encuentran emparentadas con los disturbios sociales, pero no con actos de terrorismo”, se lee en el escrito.

Sin embargo, se expuso que aunque existen limitaciones de recursos y mecanismos formales de priorización que podrían impactar en el desarrollo efectivo de investigaciones en esta materia se disponen de sanciones proporcionales y disuasivas, lo que sitúa a Ecuador con un “nivel moderado de efectividad en el resultado inmediato”.

• DE SIETE A DIEZ AÑOS DE PRISIÓN

El financiamiento del terrorismo está registrado en el artículo 367 del Código Orgánico Integral Penal, lleva una sanción privativa de libertad de siete a diez años de prisión a la persona que en forma individual o colectiva, de manera directa o indirecta, proporcione, ofrezca, organice o recolecte fondos de origen lícito o ilícito para ello y tiene agravante si mueren personas. 

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