Ecuador ha alcanzado un acuerdo con la petrolera Burlington que pone fin a casi una década de disputas legales por un cambio en las condiciones de explotación de dos bloques que tenía en concesión en el país hasta la década pasada.

Fuentes relacionadas con el expediente dijeron que la demanda por las concesiones de los campos 7 y 21, en las provincias de Napo y Orellana, se ha cerrado en unos 380 millones de dólares, cifra a la que hay que restar unos 41 millones por una contrademanda medioambiental y otros asuntos.

El acuerdo fue anunciado hoy por el procurador general del Estado de Ecuador, Diego García, poniendo fin así a una década de litigios y arbitrajes.

Las fuentes dijeron que estaban relativamente satisfechas por el monto acordado, dado que “el sistema de arbitrajes suele perjudicar a los Estados”, y precisaron que originalmente la demanda era por valor de 1.500 millones de dólares más los intereses.

En 2008 la estadounidense Burlington demandó a Ecuador tras la aplicación de la Ley 42/2006, que preveía una redistribución más justa y equitativa para el país por los ingresos extraordinarios de la explotación petrolera, a raíz de un incremento en el precio del crudo en el mercado internacional.

La negativa de la empresa con sede en Houston y adquirida por ConocoPhillips en 2006 de aceptar los nuevos términos y realizar los pagos previstos en la nueva ley, condujeron al abandono de la explotación en 2009 por el consorcio que Burlington tenía con la firma anglo-francesa Perenco.

De acuerdo a las fuentes consultadas, aún queda pendiente un proceso contra Perenco por la explotación en los mismos bloques.

El abandono supuso la terminación en 2010 de la concesión por razón de “caducidad”, de forma que ninguna de las dos empresas tiene ya derechos sobre esos yacimientos.

El acuerdo ha sido refrendado por el tribunal de arbitraje que mediaba en la demanda, decisión que supone un hito histórico en el reconocimiento de daños medioambientales causados durante la explotación, señala la Procuraduría en un comunicado.

“El tribunal aceptó la contrademanda de Ecuador contra la compañía por daños medioambientales y declaró que Burlington es responsable por los costos relacionados por la restauración medioambiental y reparaciones en la infraestructura de los bloques 7 y 21”, afirma la nota.