A inicios de enero, los atrasos en los sueldos del sector público motivaron a Isabela, una trabajadora del sector público, quien prefirió omitir su apellido, a pedir un refinanciamiento de su tarjeta de crédito.

“Como dicen que pueden ir de largo las demoras, mejor bajé las cuotas para que me alcance con un sueldo para varias. Me salen más intereses, pero menos preocupación a corto plazo”, aseguró la trabajadora.

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El pasado viernes 9 de febrero de 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que pagó por completo los sueldos en el sector público correspondientes a enero, es decir, con una semana de retraso.

El Gobierno había anticipado la situación, debido a los problemas de liquidez que tiene el sector público por el elevado déficit fiscal, es decir, que los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos. Aesto se suma una carga pesada de pagos atrasados de unos 4.000 millones de dólares y falta de financiamiento de deuda externa por el aún elevado riesgo país.

Si bien la situación puede mejorar por la entrada en vigencia de la Ley para Enfrentar el Conflicto Interno, que sube el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 13 % con la posibilidad de incrementarlo hasta el 15 %, contribuciones temporales y un probable nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que dará financiamiento a Ecuador, en el corto plazo los pagos atrasados todavía no se han alejado del todo.

La situación pone alerta al sistema financiero ecuatoriano, que ya registró un incremento en la morosidad a fines de 2023 y ha seguido al alza a inicios de 2024, en el caso de los bancos.

“Las restricciones a la liquidez en la economía ecuatoriana y la reducción en las perspectivas de crecimiento económico afectan a hogares y empresas, lo cual se podría traducir en demoras en el cumplimiento de sus obligaciones de pagos”, aseguró la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca). La morosidad en los bancos alcanza el 3,39 % a enero de 2024. En el mismo mes de 2023 se ubicó en 3,12 %.

Ante ese escenario, los bancos, señaló Asobanca, están listos para ofrecer a sus clientes alternativas de refinanciamiento y reestructuración, así como novaciones, cuando sea necesario. El gremio de bancos explicó que esto se realizará analizando caso por caso la situación de cada cliente y siempre con base a criterios técnicos que permitan siempre precautelar los recursos de los depositantes.

Además, Asobanca señaló que el refinanciamiento o la reestructuración de créditos son opciones que siempre ha brindado la banca privada a sus clientes que, por una u otra razón, enfrentan algún inconveniente en el pago de sus créditos.

“Este tipo de acciones pueden alterar la conducta de pago de los créditos de nuestros socios y hay que recordar que el país no viene teniendo una situación crítica en los últimos meses. El país viene teniendo una situación crítica en los últimos años tras la pandemia (de COVID-19)”, señaló Juan Pablo Guerra, gerente general de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur (Ucacsur).

En las cooperativas también se prevé un aumento de la morosidad en estos meses, señaló Guerra, lo cual implicará que las entidades sean más estrictas a la hora de entregar los préstamos.

“El retraso en los pagos de los servidores públicos genera una ruptura en la cadena de pagos. Si bien es un segmento más acotado, no es el gran segmento laboral, es un segmento que tiene un poder adquisitivo medio alto que tiene productos en bancos y cooperativas”, explicó David Castellanos, catedrático universitario especializado en finanzas.

Para César Coronel, abogado de Defensa Deudores, si los atrasos en el sector público se mantienen, la Junta de Política y Regulación Financiera deberá extender los plazos de pago para no caer en mora de 30 a 90 días, “para así darle un plazo a las personas que no pueden pagar sus deudas”.

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