El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó este 9 de febrero sobre el pago de la totalidad de las remuneraciones atrasadas, correspondientes al mes de enero de este año, a trabajadores de entidades públicas que conforman el Presupuesto General del Estado. 

Debido a los inconvenientes de iliquidez de la caja fiscal, la cartera de Estado tuvo que priorizar el pago de sueldos. Por ello, el pasado 31 de enero, canceló más de $ 300 millones a trabajadores de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, salud y educación. Desde hoy, se informó, "se avanzó con la cobertura del resto del sector público". 

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En una entrevista pasada, el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, dijo estar a la espera de los anticipos (del Impuesto a la Renta) que las empresas grandes debían empezar a hacer al Estado en febrero de este año,  sobre las ventas de enero. Esa era una de las vías para poder completar el pago de remuneraciones. 

El Gobierno ha previsto un déficit fiscal de $ 6.000 millones para este año. Para cubrir ese desfase, se apunta a conseguir mayores ingresos por recaudación (con el alza del IVA), recursos de los multilaterales, focalización de subsidios y hasta el pago de las telefónicas por la renegociación de contratos. 

No obstante, estos recursos aún deben asegurarse. Uno de ellos, y el principal por ser inmediato, es el alza del Impuesto del Valor Agregado (IVA), que aunque se intuye, entraría a regir un aumento permanente (13 %)  y temporal (al 15 % hasta el 2026), su vigencia podría tener inconvenientes jurídicos, por la forma en cómo se estaría aprobando este incremento. 

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La actual situación no aleja el fantasma de atrasos en los pagos públicos, que podrían generar un efecto en cadena también para los bancos y cooperativas. La falta de cumplimiento de haberes del Estado, también podría agravar los niveles de morosidad del sistema financiero privado, que a enero alcanzó el  3,4%. 

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