Este 15 de abril de 2022, el sector bananero anunció que llegó a un acuerdo con el Gobierno para poner fin, por ocho días, al paro que inició hace varias semanas debido a la crisis que atraviesan los productores.

“Llegamos a un entendimiento de una tregua de ocho días, que es lo que ha propuesto el ministro de Gobierno (Francisco Jiménez), para que podamos definir algo”, aseguró Franklin Torres, representante legal de la Asociación de Productores Bananeros de Los Ríos y presidente encargado de la Federación Nacional de Bananeros del Ecuador (Fenabe).

Entre las propuestas que el Gobierno se ha comprometido está el cumplimiento de la Ley del Banano, el pago del precio mínimo de sustentación, la firma de contratos, la restricción de siembras ilegales, entre otros temas, aseguró Torres.

Otro de los puntos que el Gobierno analiza es la creación de un fondo de contingencia y la compra de racimos de banano a productores medianos y pequeños productores de menos de 50 hectáreas, dijo Torres.

En tanto Segundo Solano, presidente de la Asociación de Bananeros Orenses y vicepresidente de Fenabe, mencionó que otro punto que se acordó es realizar auditorías en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), específicamente la área encargada del control del producto, y que se analizará el presupuesto y la logística para la compra de racimos.

Según Solano, la mesa de trabajo con el Gobierno se reunirá en ocho días y que si no hay un acuerdo se replantearán las medidas y no se descarta retomar las medidas, aseguró Solano. Desde el inicio de la reunión, Jiménez dijo que el Gobierno estaba abierto al diálogo y todos los productores presentaron sus quejas y propuestas para resolver la problemática y el viceministro de Gobernabilidad, Homero Castanier, había pedido una semana para que el Gobierno implemente un plan de acción en tres ejes: medidas compensatorias, medidas administrativas -sobre todo por la corrupción- y medidas de sostenibilidad.

El sector ha mencionado que la crisis de comercialización afecta a 4.500 pequeños y medianos productores en El Oro, en una zona de cultivos de 50.000 hectáreas. Los agricultores denuncian pérdidas de patrimonios familiares y de fuentes de trabajo en una provincia que depende, sobre todo, de la producción de banano y camarón.

Otra de las denuncias reiterativa tenía que ver con los exportadores que obligan a los productores a facturar en $ 6,25 por caja de banano -el precio oficial-, cuando reciben en realidad alrededor de $ 1 por caja.

Las protestas llevaron a los agricultores a cerrar vías de la provincia de la Costa en semanas pasadas.