Lagencia de calificación crediticia y de riesgo S&P (Standard & Poor's) cambió este 11 de enero de 2024 de B- estable a B- negativo. 

Según la entidad, la capacidad del Gobierno ecuatoriano  para "corregir la política se verá limitada por su corto mandato y la necesidad de contener una violencia creciente". 

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"La perspectiva negativa indica los riesgos de que las medidas de política que implementadas por las autoridades ecuatorianas sean insuficientes para mejorar el desempeño fiscal y recuperar el acceso al mercado antes del desafiante servicio de la deuda a partir de 2025", señala la entidad.  

Si bien el pago de la deuda a tenedores de bonos en 2024 es moderado y debería ayudar a contener los riesgos crediticios, señala S&P, la amortización se vuelve más desafiante con el inicio del pago de principal del bono 2030, emitido en la última reestructuración de deuda.

El retraso en la implementación de medidas que reduzcan el déficit fiscal y aumenten la confianza de los inversionistas podría dificultar más la capacidad del gobierno de cubrir sus necesidades de financiamiento. 

S&P estima las necesidades de financiamiento del gobierno entre 9.000 millones de dólares y 10.000 millones de dólares este año. El refinanciamiento de la deuda local (alrededor de 2,500 millones de dólares), principalmente en manos del Instituto de Seguridad Social, junto con el acceso a préstamos multilaterales y bilaterales, mitiga el riesgo de refinanciamiento en el corto plazo. Pero las necesidades financiación aumentarán en 2025-2026. La amortización de los bonos internacionales y el pagos de principal del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) suman 2.000 millones de dólares en 2026.

La calificadora advierte que podrá bajar las calificaciones de Ecuador en los próximos 12 meses si perciben un debilitamiento de la capacidad del Gobierno para evitar un deterioro fiscal superior a sus expectativas o si el apoyo de los acreedores multilaterales y bilaterales es más limitado de lo esperado. 

Además, la calificadora advierte que en el nivel actual de la calificación, probablemente considerará una reestructuración, una recompra o canje de deuda como un evento en condiciones desventajosas (distressed) y equivalente a un incumplimiento.

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