La Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria nuevamente causa polémica. El texto, que fue publicado en el Registro Oficial el 31 de diciembre del 2019, y que entró en vigencia el 1 de enero de este año tiene un error que afecta a la aplicación de deducciones del impuesto a la renta.

El asambleísta correísta Pabel Muñoz alertó del error el viernes en la tarde. “El Equipo jurídico que trabajó la Ley Económica Urgente no acierta una. El veto de Presidencia se equivocó al sustituir en el artículo 10 el número 1, cuando lo correcto era número 2. ¿Chao deducibilidad de costos y gastos sustentados en facturas? ¿Irregular publicación y fe de erratas?”, dijo Muñoz a través de su cuenta de Twitter.

El veto presidencial al artículo 13 de la reforma tributaria propuso un texto alternativo a un numeral del artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (Lorti), que tenía que ver con la deducibilidad en intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio.

Ese concepto corresponde al numeral dos de la Lorti, sin embargo, el veto se escribió como si se tratara del numeral uno, que tiene que ver con la deducibilidad de costos y gastos sustentados en comprobantes de venta.

Este 4 de enero de 2020, Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), emitió un comunicado, a través de su cuenta de Twitter, en el que señala que presentará una demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria.

"La Cámara de Comercio de Quito, fiel a sus principios institucionales, seguirá defendiendo el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y el empleo", dijo Alarcón 

El pasado 30 de diciembre, la Asamblea Nacional, con 61 votos afirmativos, dispuso que la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria sea publicada inmediatamente en el Registro Oficial. La moción fue presentada por el legislador José Serrano.