La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) recordó esta mañana su razón de ser: un ente que, según explicó, es la voz de sus representados,  que "defiende siempre principios y no intereses particulares". 

Las declaraciones del gremio se dieron este 9 de mayo de 2024 a través de un comunicado; dos días después de que se conocieran las diferencias de criterios que existe entre las cámaras productivas, sobre la política tributaria implementada por el actual Gobierno, lo que llevó a la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) a separarse del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE). 

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Mientras la cámara de Quito ha planteado la necesidad de apoyar decisiones como el incremento del ISD y el pago temporal de contribuciones empresariales, otras cámaras como la de Guayaquil  y la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG) se han opuesto a la forma en cómo se ha implementado esto, por ello plantearon una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley para Enfrentar el Conflicto Interno, que impone estos cambios. 

La CCG admite que es parte de su misión "ayudar a las autoridades elegidas democráticamente en sus buenas causas, pero también "alzar la voz si se inobservan principios, normas y derechos". En ese sentido, defendió su accionar ante la Corte Constitucional. La demanda, explicó, fue presentada en defensa de la seguridad jurídica, pues no es potestad de la Asamblea, el crear nuevos impuestos y contribuciones. 

El gremio hizo un llamado en mantener la unidad "que convoca no solo al sector empresarial, sino al país entero. Solo en unidad basada en principios, podremos alcanzar el desarrollo", dijo. 

La presidenta de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), Mónica Heller, sostuvo el pasado martes en una reunión con la prensa que, con el rechazo a las medidas del Gobierno, hubo gremios que parecía que querían boicotear el acuerdo alcanzado con los multilaterales. Entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el que se espera la concreción de un acuerdo financiero. 

El pasado 9 de mayo, el CEE también se pronunció sobre este tema y lamentó la decisión de la CCQ. En un comunicado aclaró que la acción tomada por la CCQ fue anterior a las demandas y que "el acuerdo y negociación que lleva el gobierno para conseguir financiamiento con organismos multilaterales, indispensable ante las circunstancias económicas en que se encuentra el país, no tiene relación con la defensa de la legalidad y seguridad jurídica que los gremios que así lo consideraron, lo plantearon ante la Corte Constitucional".

Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG) hizo lo propio. A través de un comunicado emitido este 9 de mayo, también dijo defender la seguridad jurídica y las reglas claras, dos factores claves para generar inversión y empleo en e el país. En ese sentido, aclaró, se demandó los artículos de la ley que se refieren a la creación de las contribuciones empresariales y al incremento del ISD (Impuesto a la Salida de Divisas). 

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