En medio de la visita de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Ecuador, las demandas de inconstitucionalidad a la Ley para Enfrentar el Conflicto Interno, que permitió el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA)del 12 al 15 %,no han parado de llegar a la Corte Constitucional (CC).

La última en llegar fue la del Frente Unitario de Trabajadores (FUT). El gremio llegó este 4 de abril de 2024 y con su demanda ya suman nueve, según los registros de la CC.

Desde partidos de izquierda, como la Revolución Ciudadana (RC),hasta gremios de empresarios, como la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), han presentado denuncias en contra de esta ley, que está vigente desde el 1 de abril de 2024.

En ese contexto, y en medio de las reuniones que mantiene con el Gobierno, el Fondo ha expresado su inquietud, comentaron a EXPRESO varias fuentes relacionadas con el tema. El mismo Gobierno ha reconocido que el aumento del IVA es una de las medidas que buscan dar confianza a los organismos multilaterales para acceder a financiamiento.

Actualmente, el Gobierno de Daniel Noboa busca sellar un acuerdo con el organismo multilateral y se espera que haya noticias de las negociaciones durante las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial, que tendrán lugar entre el 15 y el 20 de abril del año en curso.

“En Ecuador, las autoridades han solicitado un programa de apoyo al FMI y nuestro personal colabora activamente con las autoridades para evaluar la situación económica y apoyar sus esfuerzos para abordar los desafíos que enfrenta el país”, apuntó este jueves 4 de abril de 2024r la portavoz del Fondo, Julie Kozack, en una rueda de prensa en Washington D. C. (Estados Unidos).

Kozack añadió que aparte de los esfuerzos por mejorar la seguridad pública, “las políticas deberían centrarse en garantizar la sostenibilidad macroeconómica y fiscal y crear las condiciones para un crecimiento más fuerte e inclusivo”.

La situación macroeconómica y fiscal “son parte de esos desafíos”, en medio de “la actual crisis de seguridad” que atraviesa el país, precisó la portavoz del organismo.

La preocupación del Fondo respecto a las denuncias de inconstitucionalidad en la CC surge debido a la incidencia de decisiones anteriores del máximo organismo de la justicia en la situación fiscal del país, como el incremento salarial a los profesores en 2022, pese a que el Gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso argumentó que no existían los recursos.

Asimismo, la CC dio paso a la consulta popular de agosto de 2023, que dispuso el cierre del Bloque 43-ITT, lo cual tendrá un impacto de entre 800 y 1.200 millones de dólares, según cálculos oficiales.

El Fondo tiene dudas sobre la capacidad de las autoridades ecuatorianas de sostener sus medidas económicas. En 2023 Lasso dio marcha atrás a la reforma tributaria, lo cual también ha contribuido al deterioro de las cuentas fiscales. De hecho, la CC dio el visto bueno a deshacer esa ley que implicaba el mayor pago del Impuesto a la Renta para cierto segmento de la población.

Para Francisco Rivadeneira, exrepresentante de Ecuador ante el FMI, el multilateral busca más garantías de las políticas implementadas y por implementarse. El aumento del IVA fue una de las razones principales para que el Fondo se siente a negociar el acuerdo, añadió. Todo esto para que Ecuador no vuelva pronto a tocar la puerta del FMI por más financiamiento.

¿Quieres leer más contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!