La preocupación no cesa. La agencia calificadora Fitch aseguró este 7 de febrero de 2023 que la derrota en el referéndum y las elecciones secciónales del pasado domingo agrava los desafíos de gobernabilidad que enfrenta la administración del presidente Guillermo Lasso y es probable que resulte en un estancamiento legislativo.

Según la agencia calificadora, el golpe a las perspectivas de reforma y la mayor incertidumbre política podrían dificultar a Ecuador el acceso al mercado para acceder a financiamiento, para cerrar la brecha de financiación prevista para 2024.

El rechazo a las propuestas y el sólido desempeño de los candidatos de la oposición, incluidos algunos que apoyan al expresidente exiliado Rafael Correa, en las elecciones locales del domingo, sugiere que los desafíos de gobernabilidad aumentarán, dice Fitch. 

Las tensiones con la Asamblea Nacional ya han descarrilado las reformas de inversión y del mercado laboral, y las perspectivas de aprobar otras reformas ahora parecen remotas. La inestabilidad social podría reaparecer si el gobierno no puede llegar a un acuerdo con la CONAIE, ya que ha hecho importantes concesiones para limitar la expansión de proyectos petroleros y mineros y se ha comprometido a gastar en educación superior y salud.

Una combinación de incertidumbre política y reformas estancadas obstaculizará la capacidad de Ecuador para recuperar el acceso al mercado internacional a tasas razonables a pesar de un desempeño fiscal de 2022 mejor de lo esperado y una posición de liquidez externa más sólida, señaló la firma. 

Si bien los datos mostraron que el déficit fiscal de Ecuador en 2022 fue del 1,7% del PIB, significativamente menor que el 3,4% previsto en el presupuesto de 2022, Fitch calcula que el déficit se ampliará al 2,9 % del PIB en 2023, con las fuentes de financiamiento actuales insuficientes para cubrir la brecha de financiamiento.

El presupuesto 2023 apunta a un déficit del 2,1 %, pero la firma calificadora cree que los ingresos fiscales se mantendrán prácticamente sin cambios debido a un crecimiento más lento y una menor recaudación de impuestos del petróleo. Se esperan mayores gastos, principalmente debido a un aumento en los salarios de los maestros y las transferencias de seguridad social.

Estos factores, combinados con las amortizaciones internas y externas, significan que esperamos que las necesidades de financiamiento para 2023 alcancen los $ 10.600 millones desde los $ 9.500 millones del año pasado, a pesar de la reestructuración de los préstamos chinos. 

La calificadora de riesgos estima que el gobierno pueda recaudar $ 9.400 millones refinanciando la deuda de CETES (Certificados de Tesorería) por $ 2.500 millones y emitiendo $ 6.900 millones en nuevo financiamiento interno y externo del sector oficial, dejando una brecha de financiamiento de $ 1.200 millones. 

A diferencia del gobierno, creemos que es poco probable que Ecuador pueda aprovechar los mercados de bonos externos en 2023, reduciendo el financiamiento disponible en $ 637 millones.

Para cerrar la brecha, el gobierno deberá reducir los gastos o acumular atrasos. En última instancia, esto podría resultar en una reducción de la inversión pública y desafiar aún más la capacidad del ejecutivo para abordar las demandas de los grupos indígenas y el descontento social más amplio.

Los desafíos de financiamiento aumentarán en el mediano plazo a medida que aumenten las amortizaciones de la deuda. La situación se agravará en 2025, cuando venza un pago del FMI de $ 1.200 millones, mientras que un total de $ 3.800 millones vence en 2026.