El plazo estatal para la emisión de mecanismos de trazabilidad en los medicamentos que ingresan al sistema de salud pública no se cumplirá. Así lo indicaron ayer representantes de la industria farmacéutica nacional e importadores del sector.

No solo eso. El gremio estableció que, de no modificarse la fecha, planteada en mayo por el Ejecutivo, el mercado local se expone a un problema potencialmente letal en medio de la pandemia de coronavirus que asola al país: el desabastecimiento de medicamentos.

La normativa, llamada Sistema Unificado de Compra de Medicamentos y Bienes Estratégicos para el Sector Salud, tenía como fin normar la compra de fármacos en los hospitales públicos, tras que se comprobaran numerosos casos de venta ilícita y adquisiciones con sobreprecio desde el inicio de la emergencia sanitaria por COVID-19. Esto incluía la creación de sellos bidimensionales en los medicamentos, que señala la industria, costaría $ 150.000 por producto.

“Se trata de una inversión alta, que quita liquidez a las empresas, que no es necesaria, pues ya existe un código de barras que identifica cada lote y su sitio de entrega, y que no resuelve el problema de control en las bodegas de los hospitales públicos”, explicó Cristina Murgueitio, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos.

Con ella concordó Mario Ayala, titular de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos, quien indicó que si bien la trazabilidad es un requisito necesario para los productos médicos, el alto costo de implementación de los sellos, y la imposibilidad de cumplir con la medida en un plazo menor a seis meses puede generar un cese al arribo de fármacos. ¿En qué productos? En los de mayor costo, que suelen provenir del exterior, y que son usados en muchos casos para tratar enfermedades catastróficas.

“En otros países, como Argentina, se ha implementado esta medida, pero solo en el 10 % de medicamentos, en los de alto costo y mayor riesgo de falsificación. No nos oponemos, pero se debe hacer bien, porque el planteamiento actual generaría una escasez”, dijo.

Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, señaló que las mesas técnicas con las entidades estatales han dado resultados, pero que aún “faltan temas por ajustar”.

Entre los pedidos del gremio está la modificación de los requisitos de la subasta inversa para la compra pública de fármacos, que aseguren que las empresas participantes son aptas y que no van a incurrir en actos de corrupción o importar medicamentos de baja calidad.

Un plan piloto en el Teodoro Maldonado

Entre las propuestas que el gremio ha hecho está la medición de la trazabilidad en un plan piloto que arranque en el hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil, y que abarque solo el 5 % de los fármacos. En base a los resultados registrados durante seis meses se determinaría la validez de la implementación de los sellos. 

Estos también indicaron que se debe establecer la receta electrónica y la historia clínica única, para que se mida efectivamente el consumo de medicamentos en el sistema público.