Hasta fines de la semana pasada, 12.888 trabajadores del sector privado habían sido despedidos bajo la figura de fuerza mayor o caso fortuito de la ley laboral. Así lo determinan los datos más recientes del ministerio de Trabajo.

Solo en los últimos nueve días, previos a esa fecha, dos mil personas fueron desvinculadas bajo este artículo, que permite a las empresas obviar el pago de la liquidación o bono por desahucio. A esto se suman otros 150.000 despidos intempestivos y 3.000 desvinculaciones del sector público, en los que se cesaron, sobre todo, contratos ocasionales. 

La mayoría de los casos se registran en Pichincha, Guayas y Azuay, por ese orden.

Los despidos por fuerza mayor han generado numerosas denuncias ante el ministerio de Trabajo. Los gremios laborales indican que la figura no aplica a la pandemia y que esta se ha utilizado solo para reducir la fuerza laboral sin pagar las obligaciones de ley.

Por ello, el proyecto de Ley de Apoyo Humanitario, que se encuentra en análisis por el Ejecutivo, incluye una interpretación a esta disposición, señalando que la figura solo podrá aplicarse en caso de que la empresa que se acoja a ella cese totalmente sus actividades y no para la reducción parcial de la plantilla.

En respuesta, la Federación de Cámaras de Comercio y el Comité Empresarial Ecuatoriano solicitó el veto presidencial a la propuesta, alegando que no debería haber restricciones para aplicar el artículo.