Un plazo para finiquitar las pesquisas. Las siete personas, implicadas en el caso del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), que fueron procesadas por la Fiscalía, serán investigadas durante 90 días por el presunto delito de falsedad de información bursátil en el caso de las inversiones de más de 800 millones de dólares.

La Fiscalía informó la mañana de ayer que procesó a siete personas por presunto delito de falsedad de información por el caso del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).

Según Fiscalía, el juez Ubaldo Macías dictó prisión preventiva para Xavier Neira Salazar, gerente de Citadel, Maryuri Zamora, exfuncionaria del Depósito Centralizado de Valores (Decevale) y Sonia Bonilla, excontadora del Decevale.

Además, para Sonia Bonilla dispuso la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad. Mientras que dispuso el arresto domiciliario de Rodolfo Kronfle Akel, Carlos Carbo Cox y Oreana Rumbea.

Renato González, director del Isspol, mira con “mucha satisfacción” el trabajo de la Fiscalía. “Vemos que han cumplido lo que corresponde, es decir, dirigir la investigación en la etapa pre procesal y por eso de las 12 investigaciones que están en marcha, tres ya se encuentran ahora en la etapa procesal, que es el inicio de la instrucción fiscal”, dijo González.

Pese a lo avanzado en las investigaciones, para González hace falta que más implicados sean investigados. “Aquí faltan un montón de actores externos al Isspol que participaron en esta trama de atraco”, dijo el titular de la entidad.

Ramiro Ortega, Director General de Investigaciones de la Policía Nacional, dijo en Teleamazonas que “la colaboración de organismos internacionales está ligada directamente a la investigación que se desarrollan en Quito“. “El denunciante en este caso es Isspol, y la Fiscalía General, a través de su coordinación internacional ha recabado los suficientes elementos de convicción que le ha permitido estructurar una instrucción fiscal tanto a nivel nacional como en Estados Unidos”, añadió Ortega.

Pese a lo avanzado por la Fiscalía, todavía se deben investigar otros involucrados dentro de la cadena de responsables. La Asambleísta por la Izquierda Democrática (ID)Wilma Andrade aseguró que se deben investigar a personas de los organismos de control, como superintendencias de Bancos y de Compañías, también deben ser puestos bajo la lupa a las personas del directorio del Isspol. “Han sido parte funcionarios de Gobierno. En e caso del directorio de la Isspol, el Ministerio de Gobierno tiene su representante o en algunos casos el mismo ministro ha sido partícipe del Directorio o el Ministro de Economía. Llama la atención que no se diera la alerta en esas instancias”, aseguró la legisladora de la ID.

El martes 22 de junio, diez meses después del escándalo público por los impagos de capital e intereses por alrededor de 700 millones de dólares invertidos por el seguro de la Policía a través de empresas de Jorge Chérrez Miño, Luis Domínguez y Héctor San Andrés, un operativo empezado a las 05:00 logró la aprehensión de involucrados en el caso. Esto se dio horas después de la declaración en la Fiscalía de González.