La compañía Andes Iron informó este 18 de enero que recurrirá en los tribunales la decisión del Gobierno de Chile de rechazar el proyecto minero Domingo para la extracción de concentrado de cobre y hierro, que se ha valorado en 2.500 millones de dólares y amenaza la supervivencia de una reserva natural única en el mundo.

"No nos sorprende el resultado, considerando la intervención política del Comité de Ministros, que favorece la judicialización y retrasa una respuesta definitiva respecto de una inversión tan relevante para la Región de Coquimbo y la minería chilena", dijo la firma en un comunicado.

El Comité de Ministros, presidido por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, e integrado también por los titulares de Salud, Minería, Agricultura, Energía y Economía, decidió de manera unánime emitir una "evaluación desfavorable" sobre el proyecto, que incluye una mina y un puerto.

La polémica construcción se ubicaría a 16 kilómetros de la comuna de La Higuera, en la región norteña de Coquimbo, y cerca del Archipiélago de Humboldt, que resguarda uno de los ecosistemas más importantes del mundo y donde vive el 80 % de esta especie de pingüinos.

La ministra explicó en rueda de prensa que el proyecto supone riesgos para la vida marina y la calidad del agua y el aire, entre otras razones.

La compañía aseguró, sin embargo, que el proyecto "no solo cumple, sino que supera todos los estándares y se alinea a los principios establecidos por el Gobierno para el desarrollo sostenible de proyectos industriales y mineros en materia de protección del medio ambiente".

"El proyecto Dominga fue diseñado de acuerdo a los mejores estándares de minería verde de consenso a nivel mundial para el siglo XXI", afirmó Andes Iron.

Desde su presentación hace una década, el proyecto ha estado envuelto en distintas polémicas, que incluso salpicaron al expresidente Sebastián Piñera.

La investigación periodística "Papeles de Pandora" reveló a finales de 2021 presuntas irregularidades en la venta en 2010 en Islas Vírgenes Británicas de acciones de este megaproyecto de Piñera, quien se negó a declarar un área de protección ambiental en la zona de operaciones de la mina.

La Fiscalía de Chile abrió una investigación días después de la publicación de los "Papeles de Pandora", pero a día de hoy 18 de enero, aún no han imputado cargos a nadie.

Durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-1018), el Comité de Ministros ya revisó el proyecto y lo rechazó, pero la empresa recurrió a los tribunales.