La Fiscalía se abstuvo de acusar a cuatro de los 19 ciudadanos, la mayoría de nacionalidad venezolana, que fueron detenidos en los exteriores del aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela, en el contexto de la protesta indígena de octubre. 

Ellos fueron señalados como sospechosos de formar parte de un plan de desestabilización del gobierno del presidente Lenín Moreno. El pasado 11 de octubre 15 de los 19 no recibieron cargos y fueron liberados al día siguiente de su aprehensión. Para los cuatro restantes el juez Miguel Narváez dispuso que se presenten pasando un día ante la autoridad y dio paso a la instrucción fiscal por presunta asociación ilícita.

En la audiencia del juicio de procedimiento directo, desarrollada el miércoles en la Unidad de Flagrancia, la Fiscalía argumentó que en las pericias realizadas no se encontró nada que ayudara a mantener los cargos en contra de dos ciudadanos venezolanos, un cubano y un ecuatoriano, señaló Verónica Suyon, abogada de uno de los procesados.

El juez Miguel Narváez dictó el sobreseimiento de los cuatro sospechosos y ratificó su estado de inocencia al no haber recibido dictamen acusatorio por parte de la Fiscalía.

"Ese dictamen era lo que se esperaba, Fiscalía nunca iba a encontrar pruebas ya que los muchachos simplemente estaban trabajando honradamente", señaló la defensora. Ella agregó que "lastimosamente tuvieron que ser acusados de delincuentes y se violaron muchos de sus derechos por una simple sospecha infundada. A mí modo de ver una acusación temeraria", destacó.

Habla la defensa

La abogada consideró que es muy probable que los ciudadanos decidan iniciar acciones en contra de la Policía o del Ministerio de Gobierno "pues muchos derechos fueron violados y los chicos fueron tratados injustamente como delincuentes, mancillando el nombre de la comunidad venezolana no solo a nivel nacional sino internacional".

Todos fueron detenidos el jueves 10 de octubre cerca de una gasolinera localizada en la vía que conduce a Tababela, al nororiente de Quito. Los aprehendidos tenían en su poder elementos que llevaron a la Policía a sospechar de seguimientos a los movimientos que cumplían las caravanas del presidente y del vicepresidente Otto Sonnenholzner.

El día de la detención, María Paula Romo, ministra de Gobierno, indicó que mientras estaba próximo a aterrizar el vicepresidente se hicieron controles de rutina en los que se identificó a los sospechosos, quienes al momento de su detención no tenían sus documentos. La alerta del movimiento inusual la habría dado la escolta del funcionario. 

Una de las cosas que llamó la atención de las autoridades fue que los aparatos celulares encontrados en su poder había superado el número de sus dueños. La justificación de los detenidos y de sus familiares fue que se trataba de conductores de transporte de Uber y Cabify.