ADN liberó de responsabilidades a Manzano y Luque en los contratos con Progen y ATM
El oficialismo y su aliado pusieron los votos para aprobar un informe en el que se descartan responsabilidades políticas
El oficialismo en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana bloqueó la posibilidad de que se determinen responsabilidades políticas en la celebración de los contratos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y las empresas Progen Industries y Austral Technical Management (ATM).
La noche del 19 de diciembre de 2025, después de seis meses de iniciado el proceso de fiscalización, la mesa aprobó un informe en el que se descartaron posibles responsabilidades de ministros del Gobierno de Daniel Noboa.
Los votos provinieron de los asambleístas de ADN Diana Jácome, Jorge Chamba, Jorge Guevara, Dominique Serrano e Isaac Solano. El voto decisivo lo puso el aliado del oficialismo Edmundo Cerda, quien fue expulsado de Pachakutik por su cercanía con el Gobierno.
Asimismo, en contra de la aprobación del informe votaron los correístas Blasco Luna, Guido Mendoza y Germania Romero. El socialcristiano Otto Vera se abstuvo en la votación.
¿Qué pasó durante la sesión?
La sesión de la Comisión de Transparencia no pasó desapercibida entre los asambleístas del oficialismo y del correísmo. De ambos bloques legislativos hubo representantes que, sin ser parte de la mesa, solicitaron participar con voz, pero sin voto. Por ello, el secretario de la comisión tuvo que leer cada una de las solicitudes antes de la instalación de la sesión.
El tema no era menor. Se trataba de un perjuicio al Estado estimado en poco más de 150 millones de dólares por la contratación para la generación eléctrica con ambas empresas. El pago se realizó, pero la generación no se cumplió.
En el trámite de la sesión, el oficialista Jorge Chamba fue el encargado de mocionar la aprobación del informe. Lo hizo no sin antes defender la labor de su Gobierno y asegurar que el presidente Daniel Noboa se comprometió a que los responsables pagarán por lo ocurrido.
Pero el correísmo tenía como consigna posicionar la existencia de un informe de minoría. Fue el legislador Blasco Luna quien intentó demostrar que el documento presentado por ADN era incompleto. Para su elaboración, dijo, ni siquiera se contó con las comparecencias del exministro de Energía, Roberto Luque, y de la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.
Entonces ocurrió el primer cruce. Luna pidió que se habilitara la posibilidad de reproducir un video. Y la intención del oficialismo quedó en evidencia cuando, en un descuido, Diana Jácome dijo con el micrófono abierto: “No le comparta. No”.
Así, Luna tuvo que reproducir dos videos desde su celular con declaraciones del exministro Luque. Uno de ellos hacía referencia al viaje para constatar la profesionalidad de los técnicos a cargo de los generadores que se traerían al país.
Después, Luna insistió en las recomendaciones para el informe. Habló con mayor énfasis sobre una: que se incluya el que no estarán exentos de responsabilidad los funcionarios a cargo, por acción u omisión.
Otros correístas también intervinieron. Una de ellas fue Germania Romero, quien planteó que se pida la comparecencia de Luque y Manzano antes de aprobar el informe, propuesta que pasó desapercibida.
La posición de Jácome
La presidenta de la Comisión Diana Jácome fue la encargada de defender el informe que liberó de responsabilidades a los ministros de gobierno. Insistió en que lo firmado durante las etapas precontractual, contractual y de cumplimiento fue responsabilidad de Celec. Lo aseguró con tal convicción que por momentos podría olvidarse que esa entidad depende precisamente del Ministerio de Energía y está bajo su control.
Sobre este punto, por ejemplo, se pronunció Otto Vera. El legislador recordó que, como parte del directorio de Celec, actúa el ministerio del ramo y que, entre sus funciones, está el control de las entidades a su cargo. Es decir, que sí podía configurarse un incumplimiento de funciones.
Al final, la votación fue la esperada. Con esta resolución, el informe sobre el caso más sensible para el Gobierno quedó reducido al reconocimiento de que ambos procesos ya están en manos de la Contraloría y la Fiscalía y que, además, ninguno de los ministros que estuvieron a cargo durante la suscripción de los contratos tuvo responsabilidad alguna.
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