La actividad portuaria, regulada por acuerdo
Las terminales privadas pagarán una tasa del 5 % de sus ingresos. El ministro Gabriel Martínez anunció los cambios
Definidas las políticas tarifarias para la actividad portuaria. Ayer el ministro de Transporte, Gabriel Martínez, anunció los detalles en Naportec (Bananapuerto), ubicada en la isla Trinitaria.
Allí anunció también el inicio del proceso para modernizar al puerto de Esmeraldas con capital privado y la necesidad de una reforma a la Ley de Puertos.
El Gobierno firmó en diciembre pasado la adenda al contrato de concesión del puerto público Libertador Bolívar, administrado por Contecon, hasta el año 2046; y ahora, para las terminales privadas, fijó una tasa de 5 % sobre los ingresos por movimiento de contenedores. Se trata de una contraprestación que las terminales privadas pagarán al Estado por el otorgamiento de la facultad de prestar servicios públicos portuarios a terceros, señala el Acuerdo Ministerial.
En un plazo de 30 días, la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial expedirá los instrumentos normativos que permitan el cobro y la recaudación del 5 %, en los que se incluirán los plazos de implementación.
En 90 días deberá también modificar los permisos de operación emitidos sobre la base a la competencia. Las principales terminales privadas son: Terminal Portuario de Guayaquil (TPG), Naportec, Fertisa, Ferigran, Ecuagran, Storeocean, QC Terminales.
Contecon, perteneciente al grupo ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) con más de 35 terminales en los cinco continentes, realizará importantes inversiones para repotenciar la terminal portuaria; luego la extensión de su contrato en 19 años, prevé invertir más de $ 500 millones hasta el año 2046. Así lo ha señalado José Antonio Contreras, su gerente general.
Para Sergio Murillo, presidente de la Asociación de Terminales Portuarios Privados (Asotep), el acuerdo ministerial emitido por el ministro “es de gran importancia para el comercio exterior del Ecuador, por cuanto impulsa la competencia y competitividad del sector portuario y garantiza la seguridad jurídica de las inversiones en este sector, que es un eslabón y soporte fundamental de toda la cadena logística, ya que establece la política portuaria para todo el servicio público portuario”. Destaca que esto genera una “sana competencia”.
El acuerdo significa una contribución mayor al Estado, pero es cierta, fija y tenemos la certidumbre de que ningún funcionario pueda cambiarla”.
Este acuerdo con el sector público y privado nos garantiza 40 años de desarrollo logístico y portuario, y la competencia y competitividad del sector”.
Aplaudimos esta iniciativa, pero también pedimos una mejor articulación de los públicos y los privados. Vamos por buen camino, pero hay que seguir con los cambios.
Este es el primer instrumento de política que generamos, creo en la competencia, porque fortalece al país, fomentamos la competencia para lograr bajos precios.
El funcionario cree también que es importante realizar una reforma a la Ley de Puertos, “es importante dialogar con los diferentes actores. Es necesario porque la realidad del sector dista mucho de la ley que tenemos, que es de los años 70”.
Se viene además la concesión del puerto de Esmeraldas este año, con los cual tendrán los principales puertos concesionados y con inversión.
