La asambleísta por la Izquierda Democrática (ID) Yeseña Guamaní asumió este 1 de junio de 2021 el impulso del proceso de juicio político en contra del defensor del Pueblo, Freddy Carrión, por un incidente violento y presunto abuso sexual.

La legisladora recibió del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, documentación y otro tipo de pruebas que configurarían una infracción que podría ser sancionada con la censura y destitución del defensor.

Por ejemplo, el expediente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en el que, durante el concurso de designación de defensor de Pueblo, ya se advertían denuncias en contra de Carrión por violencia intrafamiliar.

Documentos proporcionados por la propia Defensoría del Pueblo que pondrían en evidencia un mal uso de recursos públicos entre la tarde del 15 de mayo y la madrugada del 16 de mayo, día en que fue detenido el funcionario tras protagonizar un escándalo público con el exministro de Salud, Mauro Falconí.

Además, entre las pruebas que recibió Guamaní está un video que, según Villavicencio, es inédito y del que se podrían configurar delitos penales que ya son investigados por la Fiscalía General y administrativos que deberán ser tratados por la Asamblea Nacional.

Villavicencio advirtió que por ser integrante y presidente de la Mesa de Fiscalización no podía ejercer como interpelante en este caso, por eso el traspaso de información.

Guamaní, por su parte, dijo que ha venido trabajando por su lado y desde el 17 de mayo ha solicitado la comparecencia de Carrión y ha solicitado información a varias instancias, incluyendo al Ministerio de Gobierno.

La legisladora considera que vistos los primeros indicios, el juicio político se podría iniciar bajo las causales de incumplimiento de funciones y presunta violación de derechos humanos en contra de una mujer.

Carrión permanece detenido en la Cárcel 4 del norte de Quito. El jueves 3 de junio acudirá a una audiencia en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para apelar la orden de prisión preventiva que pesa en su contra.