Documentos y una serie de pedidos. Eso es lo que proporcionó el martes 16 de noviembre Renato González, director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), a la Comisión de Fiscalización.

Allí se recogen evidencias para un posible juicio político de Víctor Anchundia, superintendente de Compañías, Valores y Seguros. Los legisladores Ricardo Vanegas (Pachakutik) y Luis Almeida (Partido Social Cristiano) lo acusan de omisiones en su gestión que permitieron el atraco al Isspol.

“Es innegable el pésimo rol que tuvo la Superintendencia, pero no solo en la administración del señor Anchundia, sino en las anteriores”.

En su comparecencia detalló que $ 950 millones del Isspol fueron a parar a empresas de papel, con patrimonios ínfimos o con balances manipulados que funcionaron con escaso control gracias a la intervención de abogados, funcionarios públicos y empresarios.

“Sería muy pretencioso pretender que el tercer fondo previsional del país, que es el Isspol, haya sido el único blanco de esta banda de delincuencia organizada. Mucho me temo que lo que se pueda encontrar nos dé una tremenda sorpresa”, sostuvo González, al tiempo que pidió que se investigue a más funcionarios.

Concretamente solicitó que se investiguen los fondos previsionales del Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Al ser fondos de acumulación de capital, sus directores están obligados a invertir en proyectos que permitan mejores rendimientos.

“Investiguen el fondo previsional de los empleados civiles de las Fuerzas Armadas. Ahí tiene un rol preponderante Christian Cruz, que fue superintendente de Bancos. Revisen los contratos que la Superintendencia de Bancos, so pretexto de fiscalizaciones, poco menos les obligaba a realizar ciertas operaciones”.

González narró que a los funcionarios del Isspol, colocados por la exministra de Gobierno, María Paula Romo, les costó seis meses investigar y develar la trama. Además de conectar las relaciones de cada uno de los sospechosos y entender que los patrones cómo actuaban. “El resultado es que hubo una responsabilidad política y yo les voy a dar los nombres y apellidos”.

El funcionario nombró a José Serrano Salgado, exministro del Interior de Rafael Correa, como principal responsable político. “Hasta octubre de 2016, el Consejo Superior del Isspol era presidido por el comandante general, pero se cambia la ley y pasa a llamarse Consejo Directivo y se entrega la Presidencia a José Serrano. Él participó en dos sesiones”. Al estallar el caso, EXPRESO contactó a Serrano. Dijo que no tuvo responsabilidad en las inversiones.

El martes 16 de noviembre, el legislador Luis Almeida pidió a la Comisión que se investigue “profundamente” al exministro, quien ahora vive en EE.UU. “¿Por qué condecoró a Jorge Chérrez? No debe haber sido por guapo”.

• Las pruebas

Documentos como correos entre funcionarios públicos y abogados fueron entregados a la comisión. También constan las resoluciones de Anchundia y de otros funcionarios del Banco Central, Ministerio de Finanzas y de la Policía.

• Descargo

Para el 22 de noviembre está previsto que comparezca el superintendente de Compañías. Al ser acusado de omisiones, su defensa debe entregar datos sobre las alertas o controles que hizo a las empresas que se apropiaron de los fondos del Isspol.

• Resultados 

En el ámbito de control, el caso Isspol ha motivado este juicio político. La censura o no de Anchundia será decidida por el pleno. En el ámbito penal, en la Fiscalía existen 21 investigaciones por irregularidades.