A las 09:00 de este lunes 30 de mayo de 2022 debía instalarse en el Complejo Judicial Norte de Quito la audiencia preparatoria de juicio para el exsecretario de Comunicación del correísmo, Fernando Alvarado. Él fue investigado por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente producido cuando se retiró el dispositivo electrónico que le fue colocado como medida alternativa a la prisión preventiva en el caso conocido como Secom.

Alvarado era uno de los investigados por el presunto delito de peculado. En esa causa, en el juicio, le fue ratificada la inocencia. Pero antes de esa resolución, Alvarado había huido del país hacia Venezuela, se retiró el grillete electrónico y notificó a las autoridades de su acción.

El argumento que presentó su abogado David Meza para pedir la postergación de la diligencia fue que se debía contar con una certificación de la Corte Nacional de Justicia sobre la ratificación de esa inocencia. Al no contarse con ese documento, el juez del caso dispuso el diferimiento de la audiencia hasta cuando la Corte remita lo solicitado.

Según Meza, hay que recordar que en el proceso que dio paso a la colocación del grillete a Alvarado su estado de inocencia se ratificó el 17 de diciembre de 2020. Dijo que al ser un elemento en el que la defensa basa la teoría del caso, el juez resolvió suspender la diligencia.

Meza consideró que al desvanecerse el objetivo de la medida cautelar de Alvarado que era la inmediación al proceso por tanto no se aplicaría el juzgamiento por la acusación que intenta realizar la Fiscalía. La defensa además ha pedido que se fije una caución para que Alvarado pueda defenderse en libertad.

El abogado indió que la caución un derecho de todos los procesados y su objetivo es que se suspendan los efectos de la prisión preventiva. Esa medida implica que puede presentarse una garantía prendaria, hipotecaria o pecuniaria para garantizar la inmediación del procesado. Para este caso presentarán una garantía pecuniaria. El monto se analiza en la audiencia y dependerá del delito y de la situación financiera del procesado, concluyó.