Un juez de Ecuador ordenó el ingreso en prisión provisional contra dos hombres procesados por el presunto intento de asesinato de policías a los que dispararon.

Los hechos ocurrieron en la noche del miércoles 24 de enero en la población de Durán, perteneciente al área metropolitana de Guayaquil y considerada un núcleo operativo de varias bandas criminales, catalogadas ahora por el Gobierno como grupos terroristas desde su declaración de "conflicto armado interno" contra el crimen organizado.

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Los dos hombres se movilizaban en una moto desde la que efectuaron disparos contra un local comercial y amedrentaron a ciudadanos que pasaban por el lugar, de acuerdo con el expediente recopilado por la Policía.

Un grupo de policías a bordo de motos localizaron a los atacantes, que al notar su presencia buscaron huir mientras disparaban contra los agentes, pero estos lograron detenerlos. Entre las evidencias encontradas consta un arma de fuego, seis cartuchos calibre 9 milímetros sin percutir, la motocicleta en la que se trasladaban y un teléfono celular, entre otros objetos.

La Fiscalía procesó a los delincuentes bajo el delito de tentativa de homicidio, que en el código penal de Ecuador está sancionado con un castigo de entre diez y trece años de cárcel.

También, en otro caso un magistrado dictó prisión preventiva para seis hombres detenidos en la norteña provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, con seis armas de fuego en su posesión.

Desde inicios de enero el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno" y pasó a considerar a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.

Esto después de que estas bandas, dedicadas principalmente al narcotráfico y con nexos con carteles mexicanos y mafias de Europa del Este, estuviesen presuntamente detrás de una oleada de atentados y violencia.

Esa espiral de violencia incluyó secuestro de policías, asesinatos, alertas de explosiones, vehículos incendiados, motines en cárceles con unos 200 rehenes que fueron liberados y la toma de un canal de televisión por parte de un grupo armado, un caso cuyo fiscal que estaba a cargo fue asesinado días después. 

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