Diana Salazar: “La acusacion particular de la UAFE es con miras al decomiso”
La UAFE le apunta a la creación de un protocolo para recuperar el lavado de activos. El lunes hubo un taller con seis instituciones para delinear la iniciativa.
- ¿Qué protocolo se busca para recuperar los activos?
- En los cuatro meses al frente de la UAFE estratégicamente he participado en foros internacionales con expertos. Al regreso, en coordinación con mi equipo técnico, preparamos un flujograma en el que se identificaron las actividades que debe desarrollar cada una de las instituciones del Estado en el proceso de recuperación. Acordamos establecer el protocolo para la recuperación de lavado de activos.
- ¿En qué consiste?
- Definir lo que debe hacer cada institución. En el caso de la UAFE tenemos la obligación de identificar y rastrear los fondos y una vez identificados dentro o fuera del país tenemos que pasar la información a la Fiscalía para que requiera a los países en los que se hayan identificado el congelamiento preventivo para comenzar con el proceso de devolución o repatriación.
- ¿Qué han logrado identificar?
- Algunas tramas relacionadas con actos no solo de corrupción sino de otros delitos, los productos de estos análisis han sido remitidos a la Fiscalía, ocho reportes, y otra información que tenemos la obligación de transmitir en forma reservada, en persona, para que puedan adelantar sus investigaciones.
- ¿Qué otros delitos?
- Narcotráfico y corrupción, pero personas involucradas con corrupción no en Ecuador, sino de otro país y que han venido a realizar sus operaciones a Ecuador.
- ¿Cómo participan las instituciones en la recuperación?
- La UAFE localiza y remite a la Fiscalía. Luego se obtiene una orden de inmovilización preventiva de un juez (Consejo de la Judicatura). Se remite al país requerido a través de la asistencia penal, participan la Corte y el Consejo de Participación. Luego Cancillería activa a las autoridades centrales para ejecutar la petición del Ecuador y nos entregan los resultados posteriormente. Con los activos congelados e incautados tiene que entrar en un proceso de negociación a nivel diplomático para acordar con el país requerido la forma en la que ha de devolver.
- ¿Hace falta normativa?
- Hay, lo que tenemos que trabajar es en un instrumento de manera que nos vaya rigiendo, como un instructivo.
- ¿Es optimista con la recuperación?
- Soy optimista porque en otros países sí ha funcionado, por ejemplo en Guatemala, El Salvador, Colombia, en algunos casos, no con exactitud, se habla de 50 millones.
- Sin una ley de extinción de dominio, ¿qué se puede hacer?
- Mientras contamos con una ley consideramos que tenemos algunas figuras que se podrían utilizar como las órdenes especiales que encontramos en el COIP, artículo 550, que establece la posibilidad de requerir una orden de inmovilización preventiva a bienes, fondos y dineros que se encuentran en poder o vinculadas a personas que se encuentran investigadas.
- ¿Cuál es la ventaja de presentar acusación particular?
- El Estado va a poder ser representado a más de la Fiscalía. Es que nosotros, al ser sujeto procesal, también podemos generar prueba, pero con miras al decomiso, a que las multas que establezcan los jueces puedan ser cobradas y que vayan al erario estatal.
- ¿Hay nuevos sectores obligados a reportar a la UAFE?
- Son los de actividades jurídicas, contables, mineras y de transportadores de valores los que serán incorporados como sujetos obligados a reportar.
- ¿De su experiencia, qué tan efectiva es la asistencia penal?
- Son efectivas cuando esté en un nivel óptimo de comunicación de Fiscalía a Fiscalía. Pero si salimos de la nada, simplemente a remitir oficios fríos, no creo que tengamos buenos resultados. La relación personal es válida porque en el tema de cooperación se basa en la confianza, tenemos instrumentos jurídicos, pero puede ser que le archiven por ahí y no le contesten nunca.
