El pasado 15 de octubre, a las 14:00, la Fiscalía convocó a Juan Antonio Cortez para que rinda una versión sin juramento en la instrucción fiscal abierta por el presunto delito de peculado en la compra de siete helicópteros Dhruv.

Ese día, la diligencia, según abogados consultados por EXPRESO, se suspendió y aún no hay una fecha para el nuevo señalamiento. Él era el principal de la empresa Sumit, representante legal de la empresa india HAL, que vendió los siete helicópteros a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Hace casi 15 días, entre otras cosas, señaló que está listo para auxiliar a la justicia y colaborar con ella en lo que sea requerido. Además, expresó que tenía que revisar antes de responder las interrogantes de la Fiscalía porque no sabía sobre qué temas tenía que dar la versión.

Además de Cortez, la Fiscalía llamó la semana pasada al excomandante del Ejército Wagner Bravo para que rinda su testimonio en el caso. Julio Puga fue convocado a ampliar su versión en la Fiscalía General.

Adicionalmente, ese organismo dispuso se remita un oficio al director de Investigación Civil de la Fiscalía para que se remita el sorteo de un perito acreditado en el Consejo de la Judicatura, perteneciente a la Fiscalía de Pichincha, con domicilio en Quito.

Debe ser del área de Medicina Humana con especialidad en Psicología Clínica. Su trabajo será, según el pedido de uno de los defensores de los procesados, que "realice la valoración psicológica y análisis de rasgo de personalidad de Francisco Torres Cordero, con énfasis en determinar si tiene o no rasgos de psicopatías para establecer mens rea criminal para el delito de peculado", se señala en un impulso fiscal.

Hay también el pedido de otro experto para que "realice un informe de estudio y valoración de entorno social, económico y familiar" del mismo solicitante e identificar sus factores de riesgo. 

Entre los investigados se encuentran los exministros de Defensa Wellington Sandoval y Javier Ponce. Así como oficiales superiores de la FAE (actualmente en retiro) como Rodrigo Bohórquez y Leonardo Barreiro. El exministro Sandoval indicó que aún no ha sido convocado a dar versión.

El pasado 6 de octubre, la fiscal Diana Salazar formuló cargos para 15 sospechosos del posible delito de peculado en la compra de las aeronaves.

Explicó al juez Luis Rivera que los hechos relacionados con el proceso preparatorio, precontractual, contractual y de ejecución del contrato del Estado, representado por el Ministerio de Defensa y la empresa Hindustan Aeronautics Limited, (HAL) representada en el Ecuador por Sumil.

El 5 de agosto de 2008 Sumil suscribió un contrato para la compra de helicópteros. Pero 2008 solo fue el año de la culminación del proceso iniciado en 2006 con el Plan de Fortalecimiento de Fuerzas Armadas.

En ese documento se había señalado que el escuadrón de helicópteros de la FAE se encontraba disminuido y que eran necesarios nuevos aparatos de mediana capacidad y multipropósito.

Debían operar en todo el territorio las 24 horas del día para cumplir misiones de búsqueda, rescate de combate y transporte VIP. La iniciativa de compra por tres oportunidades se declaró desierta. Pero, según explicó la fiscal, en el tercer intento el 3 de septiembre de 2007, ya fue adjudicada la empresa HAL. Eso pese a la declaratoria de desierto por revelaciones públicas de posibles riegos de embargo que atravesaba la compañía y de problemas técnicos en las aeronaves.

De los siete helicópteros, cuatro se accidentaron y los tres restantes fueron inmovilizados. En abril pasado el exministro de Defensa Oswaldo Jarrín anunció que salían a la venta, pero una orden judicial dispuso su inmovilización.

La medida se volvió a ratificar durante la formulación de cargos y por el tiempo que dure la instrucción fiscal del caso.

Ayer también estuvo prevista en la Fiscalía la comparecencia de Bohórquez y Barreiro en la investigación previa sobre la muerte del general Jorge Gabela, excomandante de la FAE. Fue asesinado en diciembre de 2010. Su familia ha insistido que el crimen no fue producto de la delincuencia común como se aseguró en el gobierno de Rafael Correa, sino que fue consecuencia de las irregularidades denunciadas en el caso de los Dhruv.

El detalle

Causa. La Fiscalía también tiene abierto un expediente por la muerte del general Jorge Gabela.