Deuda costosa y excesiva

Ecuador padece una severa crisis fiscal provocada por una costosa y excesiva deuda pública, a cuyo pago y amortización debe destinar un alto porcentaje del presupuesto del Estado, afectando la inversión en obra pública. Esto limita la generación de empleo e impide la atención de urgentes necesidades sociales.

El anterior gobierno endeudó al país en niveles tan altos que serán necesarios muchos años para equilibrar las finanzas públicas, con el agravante de que buena parte de esa deuda fue contraída a intereses muy elevados, comparada con la de países vecinos, que tienen deudas a intereses muy inferiores. La pregunta lógica es, ¿qué motivó al anterior gobierno a endeudarse exageradamente? La respuesta es de orden político. Quería dejar la mayor obra pública posible para exhibirla como logro de su paso por el poder y tener apoyo electoral de un pueblo que cree que los gobernantes son generosos cuando ejecutan una obra, sin meditar en que esta es realizada con dinero del mismo pueblo. Ese es el gran negocio de los políticos demagogos, olvidan que lo más importante en la función pública es servir, y además son incapaces de manejar austera y eficientemente los recursos públicos.

Fue tan alegre e irresponsable el endeudamiento, incluso utilizando dinero del IESS y del Banco Central, que no importó que las obras fueran hechas con sobreprecios o que otras fueran innecesarias, fomentando una corrupción nunca antes vista, tanto por la cantidad de casos como por los altos porcentajes de coimas denunciados.

Se acusa al presidente anterior de autorizar un endeudamiento violando la ley (que la limita al 40 % del PIB), así como por realizar preventas de petróleo a cambio de anticipos de créditos onerosos, lo que tendrá que ser juzgado por los organismos de control y por la Función Judicial. Queda pendiente que el actual gobierno reprograme el pago de la deuda a largo plazo, considerando ingresos presupuestarios y capacidad de pago del fisco. La relación deuda-PIB no es la más apropiada, pues en ella se incluye el monto de la riqueza que genera todo el país, lo cual distorsiona realidades fiscales.