violencia en el oro
“Los vamos a reventar”, la amenaza a los funcionarios de ARCOM en Machala
El ataque con explosivos contra las oficinas de ARCOM en Machala ocurrió horas después de 88 operativos contra minería ilegal en El Oro

La onda expansiva destruyó ventanales y causó daños estructurales no solo en el edificio de ARCOM, también en al menos cinco inmuebles aledaños.
El atentado con explosivos contra las oficinas de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), en pleno centro de Machala, tomó un giro aún más alarmante tras el hallazgo de un panfleto con amenazas de muerte dirigidas a altos funcionarios del sector minero.
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El documento fue encontrado por personal de la Policía Nacional entre los escombros dejados por la detonación registrada la noche del viernes 12 de junio de 2026 en las calles Buenavista, entre Rocafuerte y Bolívar, donde opera la entidad estatal encargada del control minero.
La explosión ocurrió alrededor de las 20:20 y generó pánico entre comerciantes, trabajadores y transeúntes que se encontraban en la zona. La onda expansiva destruyó ventanales y causó daños estructurales no solo en el edificio de ARCOM, sino también en al menos cinco inmuebles aledaños.
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Con el amanecer de este sábado 13 de junio, se pudo observar la magnitud de la explosión. La policía, junto a los agentes civiles de tránsito, cerraron la cuadra de la calle Buenavista para resguardar la escena de la explosión.
Amenazas directas contra funcionarios
Remigio Albiño, jefe de la policía de El Oro, señaló que los panfletos, impresos en varias hojas y tipificado por unidades de inteligencia como un mensaje intimidatorio, contiene amenazas explícitas contra funcionarios y actores vinculados al control de actividades mineras en la provincia de El Oro.
Entre los mencionados está Francisco Cruz Prada, director ejecutivo de ARCOM, a quien identifican por su cargo y nacionalidad colombiana. También aparece Dominique Ventura, señalada en el escrito como parte de la ejecución de disposiciones administrativas.

La policía, junto a los agentes civiles de tránsito, cerraron la zona para resguardar la escena de la explosión.
Otro de los nombres expuestos es del empresario minero Yordy Pesantes, gerente de la operadora minera Goldmins, empresa que mantiene actividades en la provincia. El mensaje contiene acusaciones de presuntas extorsiones y cobros ilegales al sector minero.
La amenaza final es directa y violenta: “Los vamos a reventar”, frase que para los investigadores constituye una evidencia clara del carácter intimidatorio del ataque.
Hipótesis de represalia
De acuerdo con las primeras pericias de la Policía Judicial y Criminalística, el atentado no respondería a un hecho de delincuencia común ni a un caso típico de extorsión mercantil.
La principal hipótesis apunta a una represalia ejecutada por grupos afectados por recientes acciones estatales contra la minería ilegal, particularmente suspensiones de actividades y cierres de concesiones en la región sur del país.
Días antes del atentado, el Gobierno había ejecutado 88 operativos contra actividades mineras ilegales en distintos puntos de El Oro, con apoyo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
Esa coincidencia temporal fortaleció la línea investigativa que vincula el ataque con estructuras criminales relacionadas con economías ilícitas alrededor de la minería.
Investigación por terrorismo
A través de un comunicado, el Gobierno Nacional condenó el atentado y aseguró que no se trata de un hecho aislado, sino de una reacción violenta de mafias que buscan frenar el control estatal.
“No es una coincidencia, es una reacción de quienes pretenden intimidar a un Estado que ha decidido enfrentar a las mafias con firmeza”, señala el pronunciamiento oficial.

La explosión generó alarma en el centro de la ciudad de Machala, la noche de este viernes 12 de junio.
Tanto el panfleto como los restos del material explosivo fueron ingresados bajo cadena de custodia en la Fiscalía General del Estado, que abrió una instrucción fiscal por presunto terrorismo e intimidación a funcionarios públicos.
Mientras avanzan las pericias, las personas mencionadas en el documento cuentan con resguardo policial preventivo. Las autoridades aseguran que continuarán con los operativos y la depuración institucional.