Una institución que no ha podido hacer frente a las necesidades de la justicia, tanto de personal como de usuarios.

Así describen los abogados al Consejo de la Judicatura, entidad que desde este miércoles 25 de enero tiene a Álvaro Román Márquez como su nuevo presidente temporal.

Es que desde hace más de un año la Judicatura ha venido acumulando decenas de quejas de funcionarios y usuarios del sistema. Al organismo se lo señaló por no haber podido adelantar un paso en tecnología, “manteniéndonos (a los abogados) en la Edad de Piedra, no han podido suministrar ni lo básico: papel, impresoras, tinta, jabón y papel higiénico”, señaló la abogada Lorena Grillo.

Pero no solo eso. La actuación de determinados jueces, señalados por liberar a sentenciados por delitos graves como asesinatos o narcotráfico, es un estigma que alcanzó a la Función Judicial y a la Judicatura.

Para el penalista Pablo Encalada, Álvaro Román tiene un desafío enorme frente al Consejo. Considera que ese reto pasa primero por recuperar la confianza de la ciudadanía en la justicia, y luego por hacer frente a los obstáculos de carácter económico y político en su gestión.

“No cuenta con los recursos suficientes, y difícilmente tendrá el apoyo de la mayoría del Consejo. Ojalá los señores Murillo y Morillo piensen en el bienestar del país y de los usuarios, y no en boicotear la labor del doctor Román”, agrega.

Ivonne Núñez, jueza de la Sala Laboral de la Corte de Guayas, habla de que reinstitucionalizar el Consejo de la Judicatura debe ser una tarea prioritaria para Román en el periodo que asume como presidente.

Opina que deberá efectuar cambios en autoridades administrativas que han sido denunciadas por prácticas ajenas a los principios de independencia judicial y respeto a la especialización de jueces, como el caso de la provincia del Guayas.

Situación que el saliente expresidente encargado Fausto Murillo ya explicó que es una decisión del pleno y no de su presidente. Núñez agrega que debe sentar las bases normativas para la evaluación de jueces en todo el país y coordinar capacitaciones académicas permanentes a todos los servidores judiciales, en coordinación con la Corte Constitucional.

Mientras que la presidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo, aseguró que han hecho pública por varias ocasiones la problemática de la provincia. Menciona, por ejemplo, la asignación de recursos para seguridad de las unidades judiciales, remodelación de las infraestructuras (que cada día se deterioran más), luminarias, insumos y adquisición de bienes muebles.

Destaca, por otra parte, que se requiere mayor cantidad de jueces, secretarios y ayudantes judiciales, para poder atender con agilidad los requerimientos de los usuarios de la administración de justicia.

“Por las condiciones en que nos encontramos, es pertinente la declaratoria de emergencia de la Función Judicial”, alerta. Encalada recomienda a Román “trabajar por la institución y no dedicarse a cuidar el puesto”.

Mientras que el flamante presidente temporal ya se incorporó a la Judicatura y mantuvo sus primeros encuentros con funcionarios y autoridades.

Román ofreció que impulsará cuatro ejes: la capacitación y fortalecimiento de la gestión de los jueces; en género, sensibilización de las unidades de Flagrancia; la modernización de la entidad con la revisión del sistema de citaciones y el expediente electrónico; además de la transparencia y lucha contra la corrupción.

Román hizo un llamado a los vocales del Consejo para que trabajen en conjunto para restablecer la institucionalidad en el organismo. La permanencia en el cargo dependerá del Consejo de Participación Ciudadana y de la selección del delegado de la Corte que presidirá la Judicatura. 

El detalle

Objetivos. Una de las aspiraciones del nuevo presidente es que los funcionarios entiendan que no pertenecen a la Judicatura, sino a la Función Judicial.