Cristian Andrés Urgilez fue liberado tras su detención en flagrancia dentro de la investigación de un supuesto delito de corrupción dentro de un proceso de contratación pública que impulsaba la Empresa de Tránsito y Movilidad de Cuenca (EMOV EP).

Paúl Torres, abogado del 'Consorcio DP', detalló que el acusado realizó más as de 60 llamadas entre el martes 12 y miércoles 14 de marzo de 2024 a Diego Pacuruco, representante legal de la empresa afectada.

En las conversaciones, el extorsionador exigió en primera instancia 1.000 dólares por cada grúa del consorcio para hacerles ganar la subaste inversa del proceso.

Luego, tras haber sido eliminado este concursante del proceso, se exigía 5.000 dólares para hacer que el proceso se suspenda y puedan volver a participar.

El jurista detalló que su defendió 'siguió el juego' para dar con el extorsionador, ya que en ninguna de las llamadas se identificaba.

Es así que, en conjunto con la Fiscalía de Azuay y la Policía Judicial, se armó un operativo de una supuesta entrega del dinero exigido (2.000 dólares) el día jueves 14 de marzo.

Cristian Andrés U. fue detenido en flagrancia en el sector de El Cebollar, norte de Cuenca, cuando recibió el dinero, según explicó Torres.

Junto a él también fueron detenidos dos hombres que se dedican a la actividad de delivery, que fueron los encargados de trasladar el dinero a manos del procesado.

Con todas las pruebas la fiscalía solicitó la prisión preventiva del ciudadano, así lo afirmó Roberto Espinoza, fiscal (e) de Azuay.

"Con la flagrancia en la detención y otros indicios entregados pedimos la prisión mientras se desarrolla la investigación del caso", dijo.

Sin embargo, el juez dictó medidas sustitutivas a la prisión y Cristian Andrés Urgilez debe presentarse dos veces por semana y no podrá salir del país mientras dure el proceso.

El ciudadano fue acusado por el presunto delito de tráfico de influencias estipulado en el artículo 285 del Código Integral Penal.

En contra de las otras dos personas detenidas la fiscalía decidió no formular cargos ya que determinaron que desconocían el producto del paquete entregado.

La instrucción fiscal durará 30 días y en este tiempo se deberá determinar los nexos del procesado con personal de la EMOV EP.

Dentro de este caso existe una segunda denuncia, que está en investigación previa, por parte de otro consorcio también afectado por las llamadas extorsivas de Cristian Andrés Urgilez.

Esta empresa es la que actualmente ofrece el servicio a la EMOV EP y pretendía renovar el contrato.

Dentro de las investigaciones también se allanaron, el jueves 14, las oficinas de compras públicas y de los miembros de la comisión encargada de declarar ganadores.