Legisladoras de la Revolución Ciudadana (RC) presentó una denuncia en la Fiscalía en contra del exvocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, por presuntamente repartir cargos públicos cuando fue titular de la institución de justicia.

Murillo fue censurado y destituido el 29 de febrero de 2024 por el Pleno de la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones. Pero para el correísmo lo que cabe es que la Fiscalía investigue al exfuncionario.

Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, dijo este 21 de marzo de 2024 que no fue suficiente un juicio político con destitución. "Era necesario un juicio penal", puntualizó.

Expresó que Murillo aparece en los chats de la investigación por el caso Metástasis. "Qué tenía que hacer Fausto Murillo hablando con jueces, fiscales y con presuntos procesados en los casos Metástasis y Purga", cuestionó la legisladora con base en los chats que Fiscalía reveló.

En ese contexto, dijo que la Fiscalía debería realizar de manera inmediata una investigación y vincular a Murillo porque fue la cabeza de la Judicatura. "Estos chats serían de 2022 y 2023, quien estaba a la cabeza (Murillo como titular de la Judicatura) hablaría con presuntos delincuentes para buscar las medidas para tener libertad. Esto va de la mano con lo que hemos escuchado en la Comisión, que los vocales se acercaban a los jueces y a los encargados del control disciplinario para que no pongan sanciones o sí a determinados jueces y presionarlos para los fallos", criticó. Aguirre.

Sofía Espín indicó que la bancada firmó la denuncia en contra de Murillo por el presunto reparto de cargos que se dio en el anterior trámite de juicio político en contra del exvocal, en 2022, pero que no prosperó.

"Más de 30 cargos se habrían repartido a exasambleístas", afirmó al detallar algunos nombres. Por ejemplo, Yadira Santi fue designada como directora de la Judicatura en Pastaza en octubre de 2022 y es hermana de Marlon Santi, coordinador de Pachakutik en ese entonces, entre otros nombres.

Se trata de un presunto delito de tráfico de influencias, añadió. Además, recordó que está prohibido tramitar cargos públicos por lo que los exlegisladores supuestamente implicados también tendrían responsabilidades, refirió.

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